Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y, hasta ayer vicepresidente primero del CGAE, y Salvador González, presidente de la Abogacía Española, en una foto tomada en uno de los Plenos, antes de la ruptura.

Choque de trenes entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de la Abogacía de Madrid

24 / 01 / 2026 01:00

Actualizado el 25 / 01 / 2026 12:54

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La cosa tenía que tener consecuencias y las ha tenido. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tomó la decisión el pasado año de dejar de abonar al Consejo General de la Abogacía (CGAE) los 380.000 euros anuales que le corresponden y la cuota de primera inscripción de sus nuevos colegiados, obligaciones previstas en el Estatuto General de la Abogacía Española.

Ante el impago parcial, el Pleno del Consejo acordó en julio de ese año presentar una demanda, que se formalizó en septiembre ante un Juzgado de Primera Instancia y que ahora ha desembocado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este órgano finalmente dirimirá la controversia.

La consecuencia ha tenido un efecto directo: el anuncio, por el presidente del CGAE, Salvador González, de la salida del decano del ICAM, Eugenio Ribón, del puesto de vicepresidente del CGAE y su sustitución por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo.

Ocurrió ayer en el Pleno que la Abogacía Española celebró en Cuenca, al que asistieron 75 decanos, de los 83 que componen el CGAE. Uno de los ausentes fue Ribón.

Tampoco estuvieron los decanos de Burgos –Mónica Pérez Villegas–, Valencia –José Soriano–, Málaga –Flor Carrasco Gómez–, Segovia –Emilio Fuentetaja Sanz–, Gijón –Benigno Villarejo Alonso–, León –David Díez Revilla– y Zamora –Ana Martín García–, en cuyo Colegio se celebraba la fiesta oficial, a la que acudieron todos los mencionados.

Una remodelación que comprendió hasta nueve cambios de responsabilidades diferentes y que se ha presentado, por el CGAE, como una renovación de la estructura orgánica del Consejo y una nueva composición de su Comisión Permanente.

El ICAM respondió ayer, en un comunicado, que «el cese –de su decano– se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo».

«En septiembre de 2025, el ICAM presentó una propuesta formal de reforma presupuestaria del CGAE orientada a mejorar su eficiencia, racionalizar su gasto y avanzar hacia un reparto más solidario con los colegios de menor tamaño», añadió la organización colegial madrileña.

Su línea de argumentación era que el ICAM estaba pagando por servicios duplicados: al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (CCACM), integrado por el ICAM y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, y al CGAE.

La tensión fue in crescendo en noviembre, cuando el ICAM fue el único de los 83 colegios que votó en contra de los presupuestos del CGAE para 2026.

Desde el CGAE, sin embargo, explican que el el conflicto comenzó a principios de 2025, cuando el ICAM decidió de forma unilateral reducir su aportación, alegando que no le correspondía el importe exigido por su número de colegiados. El de Madrid es el Colegio que cuenta con más colegiados de los 83.

Fuentes del Consejo aseguran que han hecho todo lo posible para evitar llegar a este punto de ruptura al que se ha llegado. «Lo hemos intentado todo pero nos hemos encontrado con la negativa del decano del ICAM, que ha sido como un muro. Se ha cerrado en banda», subrayan.

En relación con la decisión de no exigir a sus colegiados el pago de la cuota de primera inscripción, el ICAM explica que este importe ha sido eliminado, desde el pasado lunes, y sustituido por la firma, por parte del nuevo colegiado, de una declaración responsable.

Esta medida, argumenta, ha permitido una reducción aproximada del 35,6 % en el coste total de la colegiación para los nuevos profesionales y responde al objetivo de facilitar el acceso a la abogacía, suprimiendo cargas económicas que, a su juicio, no cuentan con una justificación objetiva. Una decisión que también afecta al CGAE.

Jamás antes se ha producido en el pasado un conflicto como este, enfrentando al CGAE y a uno de sus 83 colegios, en este caso el que tiene el mayor número de colegiados y el más potente, económicamente hablando. Pase lo que pase, las cosas ya no serán como han venido siendo hasta ahora. La última palabra la tiene la Justicia.

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