El magistrado instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si este tribunal es competente para investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su posible responsabilidad en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas.
Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha incoado diligencias previas tras recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, negligencia y prevaricación. La autora de la denuncia es la Asociación Libertad y Justicia.
Antes de decidir si abre una causa penal, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Público para que informe tanto sobre la competencia de la Audiencia Nacional como sobre la procedencia de practicar diligencias de investigación.
Fuentes jurídicas consideran poco probable que el procedimiento prospere en la Audiencia Nacional, ya que Puente, en su condición de ministro, es aforado.
De confirmarse los indicios penales, la investigación correspondería en exclusiva al Tribunal Supremo, como ya ocurrió en otros casos similares.
En su auto, el juez señala que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, lo que justifica la apertura inicial de diligencias.
Esta es la primera denuncia que señala directamente al ministro, aunque no la única relacionada con el siniestro del pasado 18 de enero.
La asociación Liberum ha presentado una querella contra altos cargos de Adif y un directivo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, así como contra los derechos de los trabajadores.
En su escrito, alegan que el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) alertó formalmente el 8 de agosto del deterioro de varias líneas de alta velocidad, incluida la afectada.
Además, Iustitia Europa, Manos Limpias y Hazte Oír han solicitado personarse como acusación popular en las diligencias abiertas en el Tribunal de Instancia de Montoro, al apreciar “indicios graves” derivados del deterioro conocido y progresivo de la infraestructura ferroviaria.
