El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reapareció ayer tarde noche en el Ateneo de Madrid en un acto jurídico en el que se presentó un manifiesto crítico con la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo.
El evento sirvió como respaldo público a García Ortiz y como espacio de análisis jurídico del fallo.
La sesión se abrió con un prolongado aplauso y fue presentada por la abogada laboralista Paquita Sauquillo, quien destacó la “dignidad” con la que el exfiscal general ha afrontado todo el procedimiento.
A continuación intervinieron varios juristas que coincidieron en cuestionar tanto el desarrollo del proceso penal como el contenido de la sentencia.
El primero en tomar la palabra fue Manuel de la Rocha Rubí, abogado laboralista, exalcalde de Fuenlabrada tras la Transición y exconsejero de Educación con Joaquín Leguina, quien calificó la resolución de “indignante” y consideró “bochornoso” el cese de García Ortiz.
En la misma línea, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro, describió el procedimiento y la sentencia como “inquietantes” y denunció el “maltrato institucional” sufrido por el ex fiscal general.
El magistrado jubilado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, también expresó su decepción con el fallo, subrayó la necesidad de que los jueces actúen con independencia de sus convicciones personales: “Al juzgar, deben apartar su propia ideología y ponerse al servicio de la ley democráticamente aprobada”.
Cerró las intervenciones Nicolás Sartorius, abogado, periodista y cofundador de CCOO, quien defendió la presunción de inocencia de García Ortiz y calificó la sentencia de “aberración”.
Criticó especialmente que el fallo atribuya la responsabilidad al acusado o a su “entorno” sin identificar al autor de los hechos, algo que consideró jurídicamente insólito.
El acto concluyó con la lectura del manifiesto Una sentencia inquietante, suscrito por 150 juristas —entre ellos catedráticos, abogados, fiscales y magistrados jubilados—.
El texto califica de “inaceptable” la condena por revelación de secretos y denuncia una vulneración grave de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, que obliga a absolver cuando subsisten dudas razonables.
Según el documento, la sentencia se apoya en indicios y conjeturas que no constituyen prueba directa suficiente y no superan el umbral de la mera sospecha.
Los firmantes alertan de un “golpe a la confianza institucional” y de un menoscabo del secreto profesional periodístico, y sostienen que el fallo debería ser anulado en instancias superiores al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
