Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, reanuda hoy lunes la investigación sobre la exmilitante del PSOE Leire Díez, a quien se atribuye la posible búsqueda de información comprometida sobre jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.
El magistrado tomará declaración como testigos al exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado, Santos Cerdán, y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.
La causa analiza si Leire Díez actuó junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El objeto central es determinar si existió una actuación coordinada y continuada para obtener información irregular de instituciones del Estado con el fin de interferir o desactivar investigaciones en asuntos de relevancia política y empresarial.
En su declaración del 17 de noviembre, Díez reconoció dos reuniones con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE de la calle Ferraz.
Afirmó que acudió como periodista y acompañada, entre otros, por Pérez Dolset. Este último confirmó también ambos encuentros y añadió que en uno de ellos participó también Hernando, entonces director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.
El sumario recoge además otros encuentros relevantes: una reunión en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa; y otra organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.
El juzgado acumuló varias querellas y denuncias tras la difusión de audios en los que se escucha a Díez conversar con empresarios con causas abiertas, presuntamente para recabar información contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del área de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil, y contra el fiscal Anticorrupción José Grinda.
A estas pruebas se suman grabaciones aportadas por el propio Stampa de una reunión con Díez, Pérez Dolset y Del Rivero, en la que ella se presentó como “mano derecha” de Cerdán y afirmó: “Yo traslado luego”.
Díez sostiene, por su parte, que las conversaciones investigadas se enmarcan en una labor periodística destinada a documentar un libro sobre supuestas “cloacas del Estado”, negando cualquier finalidad delictiva.