El Gobierno ha elevado el tono contra el fundador de Telegram tras el mensaje masivo que el empresario envió a los usuarios españoles acusando al Ejecutivo de pretender un “control total” de las libertades.
Desde Moncloa se reprocha a Pável Dúrov haber difundido “varias mentiras” y protagonizado “ataques ilegítimos” contra el Gobierno después de que el presidente, Pedro Sánchez, anunciara la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años y nuevas medidas para obligar a las plataformas digitales a retirar contenidos ilegales y de odio.
Presidencia del Gobierno recuerda que señala que el fundador de Telegram está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves y acusa a la plataforma de incumplir de forma reiterada sus obligaciones de control.
A juicio del Ejecutivo, Dúrov diseñó “deliberadamente una arquitectura de mínima moderación” que ha convertido la aplicación en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil o tráfico de drogas, con investigaciones abiertas en países como Francia, Corea del Sur y España.
“El mensaje está lleno de bulos y busca erosionar la confianza en nuestras instituciones”, sostienen fuentes gubernamentales, que enmarcan este episodio como un ejemplo del modo de operar de los grandes magnates tecnológicos en el entorno digital.
Fuentes del Ejecutivo consideran especialmente grave que el fundador de Telegram utilizara el control “sin restricciones” de la aplicación para difundir un mensaje político directo a millones de usuarios en España.
“Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país”, subrayan desde Moncloa, que denuncia una injerencia inédita de un actor extranjero privado en el debate político nacional.
El propio Sánchez reaccionó en un mensaje en X: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.
En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó que “miles de usuarios hayan recibido un mensaje no autorizado de su dueño” acusando al Gobierno de amenazar las libertades.
“No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora”, escribió en Bluesky.
Desde el Ejecutivo insisten en que el mensaje de Dúrov demuestra “por sí solo” la necesidad urgente de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.
“Los españoles no pueden vivir en un país donde tecno-oligarcas extranjeros inundan nuestros teléfonos de propaganda a su antojo cuando se anuncian medidas para proteger a los menores y hacer cumplir la ley”, defienden.
El Gobierno recuerda además que los problemas asociados a las plataformas digitales no son una invención política, sino una preocupación social ampliamente compartida.
Cita el último Eurobarómetro, según el cual el 95% de los españoles están preocupados por la desinformación y los discursos de odio, y el 89% por la concentración de poder y la falta de transparencia de los algoritmos.
En la misma línea, el PSOE denunció en un comunicado la difusión de “propaganda política directa contra un Gobierno democrático”, calificando el envío masivo del mensaje como “un hecho de extrema gravedad que no puede normalizarse”.
