Los abogados del turno de oficio cobrarán a partir de ahora hasta 600 euros por defender casos penales de especial complejidad, frente a los 389,45 euros actuales.
El proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita —aprobado originalmente en marzo de 2021— introduce incrementos de entre el 9% y el 54% en la mayoría de procedimientos penales, y reconoce por primera vez la intervención de los letrados en mediación y arbitraje.
La norma, que se tramita por vía de urgencia y se encuentra en periodo de información pública, es fruto de las negociaciones mantenidas durante los últimos meses entre el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Supone una respuesta a las demandas históricas de la profesión, aunque la Abogacía advierte de que quedan asignaturas pendientes.
La mediación sale del limbo retributivo
Una de las principales novedades del decreto es el reconocimiento económico de los llamados Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que incluyen la mediación y el arbitraje.
Hasta ahora, estas actuaciones no tenían compensación específica, lo que desincentivaba su uso por parte de los abogados del turno de oficio.
Cuando el letrado logre un acuerdo a través de estos procedimientos, cobrará un 125% de la cuantía aplicable a cada tipo de asunto.
Si no hay acuerdo, la compensación será de 30 euros por actuación. La medida pretende impulsar estas vías alternativas, que reducen la carga de los juzgados y aceleran la resolución de conflictos.
Más dinero por los casos más difíciles
El ámbito penal concentra los aumentos más significativos. Los procedimientos de especial complejidad —que incluyen casos de corrupción, crimen organizado o delitos económicos graves— pasan de 389,45 euros a 600 euros, un 54% más.
La misma subida se aplica cuando estos asuntos se tramitan ante la Audiencia Nacional.
Los juicios con jurado, que exigen una preparación más exhaustiva, también experimentan un incremento del 37%: de 438,34 euros a 600 euros.
Otras mejoras incluyen un 33% más por cada 250 ‘acontecimientos’ procesales —escritos, diligencias o trámites— que el abogado tenga que gestionar, y un 30% adicional por cada día de vista a partir del segundo.
Principales incrementos en jurisdicción penal
Novedades en mercantil y laboral
El decreto también introduce cambios en otras jurisdicciones. En el ámbito mercantil, se crean dos nuevas categorías retributivas para concursos de acreedores de microempresas o personas físicas: 346,53 euros cuando exista masa activa, y 218,70 euros cuando el patrimonio sea insuficiente para afrontar los gastos del procedimiento.
En la jurisdicción social, se reconocen 87,63 euros por las actuaciones en vía previa administrativa o conciliación cuando no se alcance acuerdo, una gestión que hasta ahora tampoco estaba compensada.
Otra novedad afecta a los casos penales en los que un mismo abogado defiende a la víctima y al acusado en procedimientos diferentes pero vinculados. En estas situaciones de doble condición, el letrado percibirá el 50% de la cuantía del procedimiento.
«Es un avance, pero no es suficiente»
Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha valorado positivamente la norma pero ha reclamado ir más allá. «Entre nuestras prioridades se encuentra no solo el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, sino también agilizar los pagos», ha señalado.
El presidente del CGAE ha puesto el foco en dos problemas estructurales: las diferencias territoriales en la aplicación del sistema y los retrasos en los abonos. «Esperamos que desaparezcan las brechas territoriales y que haya garantía de abono por todas las actuaciones prestadas», ha añadido.
El sistema de asistencia jurídica gratuita permite que personas sin recursos económicos puedan acceder a la justicia.
Los abogados que participan en el turno de oficio asumen estos casos, y sus honorarios son pagados por las comunidades autónomas con cargo a los presupuestos públicos. El decreto actual data de marzo de 2021 y no había experimentado actualizaciones significativas desde entonces.
La norma afecta al llamado territorio Ministerio, que administra directamente la cartera que dirige Bolaños. Comprende cinco Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y los órganos centrales: la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Su aprobación definitiva permitirá aplicar las nuevas cuantías en todo el territorio de régimen común, aunque las comunidades autónomas con competencias transferidas —como País Vasco, Navarra o Cataluña— mantienen sus propios baremos.
