Hay fechas que no se van.
Y hay secretos que duran demasiado.
El 23 de febrero de 1981 llevaba décadas envuelto en una niebla espesa. Oficialmente, todo estaba contado. Jurídicamente, todo estaba juzgado. Políticamente, todo estaba amortizado. Esa era la tesis confortable.
Hasta que, hace unos pocos días, el Gobierno decidió desclasificar -al menos en parte- la documentación vinculada al 23F.
Y de pronto, la historia volvió a respirar.
Conviene decirlo sin rodeos: la desclasificación llega tarde. Muy tarde. Cuarenta y cinco años después de que los disparos de Antonio Tejero retumbaran en el Congreso, España sigue abriendo cajones con cuentagotas. Como si el pasado todavía quemara.
La pregunta no es por qué ahora. La pregunta es por qué no antes.
Durante décadas se nos pidió paciencia. Se nos habló de estabilidad institucional, de prudencia histórica, de la necesidad de no remover fantasmas. Era el lenguaje de la Transición prolongada. El país debía mirar hacia delante.
Pero mirar hacia delante no debería implicar caminar a oscuras.
El levantamiento del secreto -parcial, selectivo, todavía lleno de matices- tiene algo de reconocimiento implícito: había más que contar. Había zonas que no estaban del todo iluminadas. Había piezas del puzle que permanecían guardadas bajo llave.
Y eso, por sí solo, ya es significativo.
Porque durante años la versión oficial del 23F se presentó como un relato prácticamente cerrado. Un golpe torpe, abortado por la firmeza de El Rey y la solidez de las instituciones. Fin del expediente. Carpeta archivada.
Sin embargo, cada nueva desclasificación recuerda lo evidente: la historia rara vez es tan limpia como el relato político que la acompaña.
La documentación que ahora empieza a ver la luz deberá analizarse con calma, con método y -sobre todo- sin apriorismos. Ni para alimentar teorías conspirativas de barra de bar ni para blindar viejos dogmas institucionales.
Pero hay algo que ya no admite discusión.
Si había papeles que merecían seguir clasificados durante décadas, es porque el 23F fue más complejo de lo que se simplificó en el relato público. Y eso obliga, como mínimo, a una revisión serena.
La figura de Alfonso Armada vuelve inevitablemente al centro del tablero. También las dudas antiguas sobre los contactos previos, las expectativas de una “solución de autoridad” o “gobierno de concentración“ y el grado real de conocimiento que circulaba en determinados despachos cercanos al poder.
No se trata de reescribir la historia con brocha gorda. Se trata de terminar de escribirla.
Porque una democracia segura de sí misma no administra el pasado como si fuera material inflamable. Lo estudia. Lo expone. Lo somete a escrutinio. Sin miedo y sin mitologías de cartón piedra.
El problema del 23-F nunca fue solo lo que pasó aquella tarde en el Congreso. Fue también lo que se decidió no explicar del todo después. El silencio prolongado creó un espacio perfecto para la sospecha. Y la sospecha, cuando se enquista, erosiona.
Empieza el trabajo incómodo
Por eso esta desclasificación -bienvenida, aunque tardía- abre una oportunidad. No para ajustar cuentas con la Transición. Tampoco para dinamitar consensos retrospectivos. Sino para algo más sencillo y más exigente: comprender mejor.
Ahora empieza el trabajo incómodo.
Historiadores, periodistas y analistas tendrán que bucear en los documentos con bisturí, no con martillo. Habrá decepciones para quienes esperaban revelaciones explosivas. Y también, probablemente, matices incómodos para quienes defendían que todo estaba perfectamente claro desde 1981.
La historia, casi siempre, se mueve en esa zona intermedia.
Lo verdaderamente relevante no es si los nuevos papeles confirman o matizan el relato conocido. Lo importante es que, por fin, se ha empezado a levantar una parte del velo. España llega tarde a este ejercicio de transparencia, sí. Pero peor habría sido no llegar nunca.
Queda, eso sí, una última cautela.
Desclasificar no consiste en soltar documentos a medias ni en abrir archivos con anestesia política. Si el proceso se queda a medio camino, si persisten bolsas opacas durante otros diez o veinte años, el efecto puede ser el contrario al buscado: más dudas, más ruido, más desconfianza.
La transparencia, para ser creíble, tiene que ser completa. Y sostenida en el tiempo.
El 23F ya no es solo una foto fija de Tejero con tricornio. Es también una prueba de madurez democrática. Cada documento que se conoce mide la capacidad del Estado para mirarse sin filtros.
Desclasificar no consiste en administrar la verdad por entregas ni en abrir archivos con prudencia selectiva. O se asume el ejercicio completo, o la sospecha seguirá ocupando el espacio que deja el silencio.
Pero solo hay una forma de hacerlo: verdad completa, sin reservas y sin calendario elástico.
Porque las democracias no se debilitan cuando miran de frente a su pasado. Se debilitan cuando lo administran en penumbra.
Porque las democracias sólidas no temen a sus archivos. Temen a sus silencios.
Porque las democracias sólidas no se protegen ocultando su pasado. Se legitiman explicándolo.
Porque la fortaleza de una democracia no se acredita blindando archivos durante décadas, sino sometiéndolos al escrutinio público y académico.
España llega tarde, pero aún está a tiempo de hacerlo bien. Ya no necesitamos relatos tranquilizadores. Necesitamos la verdad completa.
Y en 2026, después de cuarenta y cinco años, lo que ya no resulta aceptable no es lo que pasó aquel 23 de febrero. Es seguir mirando por la rendija.
A estas alturas, la rendija resulta insuficiente, ya no basta.
Es hora de abrir la puerta entera.
