En este país donde los papeles pesan más que las palabras —y donde las palabras, cuando conviene, se guardan en el cajón— el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha decidido que lo suyo no es comparecer en carne mortal ante el Tribunal Supremo.
Para eso están las cartas. Más elegantes, más limpias. Menos incómodas.
Así que ha pedido al alto tribunal que, en lugar de verlo aparecer por la puerta como cualquier hijo de vecino citado a declarar, le envíen un pliego de preguntas.
Por escrito, naturalmente. Como quien responde a un cuestionario de revista dominical. Él las contestará con igual pulcritud epistolar y todos tan amigos.
El asunto tiene que ver con el juicio donde se sientan —o se sentarán— José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en esa tragicomedia nacional que fueron las mascarillas compradas a toda prisa mientras el mundo contaba muertos.
Aquella época en que los hospitales parecían hospitales de campaña y en los despachos corría más dinero que desinfectante.
Torres, hombre precavido, ha enviado al Supremo un escrito al que ha tenido acceso Europa Press solicitando que se le remita ese cuestionario oficial. Nada personal. Todo dentro de la ley, que para eso está.
Y la ley, según recuerda el ministro con el cuidado de quien cita un reglamento naval antes de entrar en combate, exime de declarar presencialmente a los presidentes autonómicos. Y él, puntualiza, fue presidente de Canarias entre 2019 y 2023.
Un detalle que, según parece, conviene no olvidar.
Por si acaso, añade otro escudo: los miembros del Gobierno también están exentos de personarse ante el tribunal. Así que, entre una cosa y otra, su comparecencia física se vuelve innecesaria. Así lo ve él. Y con ello se evita un trámite incómodo evitado con la elegancia burocrática de un buen artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Torres explica además que, por lo que ha leído “en los medios de comunicación” que los hechos investigados corresponden al periodo en que él presidía Canarias.
Y que, en cualquier caso, de haber sabido algo, habría sido “por razón del cargo”.
Una frase que en política suele significar muchas cosas y ninguna al mismo tiempo.
Mientras tanto, el calendario judicial sigue su curso con la paciencia de los viejos relojes de estación.
Está previsto que el 22 de abril declaren como testigos tanto Torres como Francina Armengol, presidenta del Congreso y antigua jefa del Gobierno balear.
Habrá quien comparezca en persona. Y habrá quien responda por carta.
Ahora hay que esperar a ver qué dice el tribunal.
