La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, declaren como testigos por escrito en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo Aguirre, y el empresario Víctor de Aldama, que arranca el próximo 7 de abril.
Ambos lo habían pedido. Y el tribunal se lo ha concedido, según ha publicado El Español y ha confirmado Confilegal.
La prerrogativa tiene amparo legal. La ley procesal permite que determinadas autoridades —miembros del Gobierno, presidentes de las Cámaras y de las comunidades autónomas— no comparezcan físicamente ante el tribunal cuando son llamados a testificar sobre hechos conocidos en el ejercicio de su cargo. En su lugar, presentan un informe escrito.
La ventaja es considerable. A diferencia de cualquier otro testigo, estas autoridades conocen de antemano las preguntas, pueden preparar sus respuestas con tiempo y consultarlas con asesores. No se someten al interrogatorio de acusaciones ni defensas. No pueden ser repreguntados.
El contraste con otros casos resulta llamativo. Expresidentes del Gobierno como Felipe González o Mariano Rajoy comparecieron en persona ante el Supremo cuando fueron llamados a declarar como testigos por hechos conocidos durante el ejercicio de cargos que ya no ostentaban.
Ninguno de los dos pidió declarar por escrito.
Torres y Armengol sí lo hicieron.
Pero en este caso el privilegio va aún más lejos. Ni Torres ni Armengol tendrán que responder a pregunta alguna.
Solo deberán presentar un informe sobre las referencias que los escritos de acusación y defensa hacen a los contratos adjudicados en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión por los gobiernos de Canarias y Baleares, que ambos presidían entonces.
Esa empresa, para la que Víctor de Aldama ejerció como conseguidor, recibió contratos millonarios para suministrar mascarillas contra la Covid-19 a organismos dependientes del Ministerio de Transportes y a las comunidades de Canarias y Baleares.
Por los primeros —las adjudicaciones a Adif y Puertos del Estado— serán juzgados Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Aldama. Las acusaciones sostienen que Ábalos y García recibieron dinero y otras dádivas a cambio de esas adjudicaciones.
El tribunal acordó el pasado 16 de marzo pedir a las partes que se pronunciaran sobre si el testimonio de Torres y Armengol guardaba relación con el ejercicio de sus cargos y, en su caso, sobre qué debía versar el informe.
Las dos defensas que los habían propuesto como testigos —las de García y Ábalos— se opusieron a la fórmula escrita y no presentaron cuestionario de preguntas. La defensa de García reclamó la comparecencia presencial; la de Ábalos, por videoconferencia.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, respaldó en cambio que los dos testigos informaran por escrito, aunque precisó que la Fiscalía, que no había solicitado esa prueba, no formulaba pregunta alguna.
Sí delimitó el contenido de los informes: deberán ceñirse al conocimiento que Torres y Armengol pudieran tener sobre las adjudicaciones licitadas por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears, y su eventual relación con los contratos previamente concedidos a Soluciones de Gestión en el Ministerio de Transportes.
