Dicen los ingleses, con esa flema de quien ha visto desaparecer su imperio de ultramar sin desabrocharse el nudo de la corbata, que el comercio moderno nació entre una taza humeante, un cargamento incierto y un caballero dispuesto a asumir un riesgo ajeno a cambio de una prima.
Pues efectivamente, a finales del siglo XVII, el viejo Edward Lloyd abrió su ‘coffee house’ en Londres, un local que acabó convirtiéndose en el punto de encuentro de capitanes, mercaderes y aseguradores de todo pelaje.
Es decir, de la gente que entendía antes que nadie que el mundo no se domina sólo con barcos y cañonazos, sino con papel, información y soluciones prácticas para cuando el otro se pone flamenco.
De allí salió nada menos que el ecosistema que alumbró Lloyd’s y buena parte de la liturgia jurídica y mercantil que aún hoy estructura el capitalismo serio.
Ese detalle británico, tan aparentemente doméstico, explica más de lo que parece.
Y es que, a diferencia de otros, los ingleses llevan siglos de ventaja sabiendo que el poder no consiste únicamente en tener razón, sino en hacer algo útil con ello antes de que los activos aparezcan a nombre de una suegra.
Por eso, el ejercicio del derecho en Inglaterra y Gales nunca se ha limitado a la retórica solemne del derecho declamado en voz engolada y con la toga planchada, pavoneándose en las salas de audiencia.
Ha querido, además, contar con instrumentos.
Pero ojo, instrumentos útiles de verdad, de esos que muerden allende los mares.
Y aquí es donde aparece otra de esas joyas de la artillería procesal del ‘common law’ como son las ‘worldwide freezing orders’, otra de esas criaturas abisales para el gusto continental.
Dicho mal y pronto, una ‘worldwide freezing order’ es una orden judicial que impide al demandado desparramar su patrimonio.
No le quita todavía el dinero ni se lo entrega al demandante, pero sí lo atan corto.
Usted, majete, hasta nueva orden, no toca estos activos ni los mueve, ni mucho menos los esconde.
Y, evidentemente, que lo diga un tribunal con solera es lo que imprime carácter imperativo a la orden en todo el mundo.
Porque ya sabemos que es en las distancias largas donde un litigante se la juega.
Por eso no es casualidad que esa mentalidad haya echado raíces fértiles fuera de Inglaterra.
Y es que el caso de esta semana merece que el lector afine el oído.
Porque en este potaje aparecen Dubái, un arbitraje internacional en París, el ecosistema de ‘common law’ y una pelea de esas en la que el verdadero nervio está en ver quién llega primero al arsenal procesal.
Así que vamos por partes.
EL DERECHO DE INGLATERRA Y GALES EN LOS TRIBUNALES DE DUBÁI
Si le echan un vistazo, los ‘DIFC Courts’ de Dubái se presentan oficialmente como los tribunales de una jurisdicción independiente, en inglés y bajo el sistema ‘common law’.
Es decir, es una ventana abierta a la cultura jurídica británica, que da enorme valor a la rapidez, la ejecutabilidad y la utilidad comercial del proceso.
Es decir, el derecho como instrumento de la economía, del mercado, no como obstáculo.
Y viendo el percal, no es de extrañar que el modelo escogido fuera el derecho de Inglaterra y Gales.
Justamente por eso resulta tan sabroso el asunto que hoy traigo en esta carta.
Porque no estamos ante una decisión de la ‘High Court’ londinense, no.
Estamos ante los ‘DIFC Courts’, en una decisión fechada el 30 de enero de 2026 y firmada por Su Excelencia, el juez Shamlan Al Sawalehi, en el caso Orabelle y Orzenia.
UNA ORDEN MUNDIAL PARA QUITAR EL HIPO
Lo que se ventila aquí es una solicitud urgentísima, planteada ‘ex parte’, para obtener una ‘worldwide freezing order’ por más de ocho millones de dólares.
Y, junto a ella, una petición de revelación global de activos y otras medidas accesorias, todo ello en apoyo de un arbitraje con sede en París que aún no había comenzado formalmente.
Dicho en román paladino, una de esas maniobras de alta cirugía procesal con las que el demandante intenta atar de pies y manos al contrario antes de que éste tenga tiempo de hacerse el sueco con su patrimonio.
Y aquí, como se imaginarán, es donde se prueba que hay derechos que flotan y otros que se hunden en lo más profundo.
El caso trata, por tanto, de una cuestión de geometría jurisdiccional, de poder cautelar y de sus límites.
Y es que cuando un tribunal, inspirado en el derecho de Inglaterra y Gales, es invitado a desplegar sobre el tablero una medida de alcance mundial, lo interesante no es únicamente el tamaño de la reclamación, sino el punto exacto desde el cual se pretende mover esa palanca formidable.
Esta es, amigo lector, la madre del cordero.
Porque una cosa es tener un disgusto contractual de los que quitan el sueño, y otra muy distinta es contar con el apoyo jurisdiccional necesario para sacar la artillería pesada.
Esto, en el particular mundo de las jurisdicciones que han aprendido sus maneras con la disciplina de un internado inglés, saben que las medidas cautelares no son mera retórica para asustar al adversario.
Y como todo bazoca, no se entrega al primero que pasa por ventanilla con cara compungida y una carpeta llena de agravios.
EL CASO ORABELLE Y ORZENIA
La actora, Orabelle, es una sociedad de Emiratos Árabes Unidos y viene a contar una historia bastante reconocible para cualquiera que haya olido alguna vez el incienso caro de los negocios internacionales.
Según su versión, existía entre las partes un contrato firmado el 7 de diciembre de 2015 con un término inicial y mecanismos de renovación sucesivos.
Y ya saben cómo va esto, primero se firma con sonrisas, apretones de manos y palmadas en la espalda.
Pero aquí no debemos perdernos en el follaje del contrato, porque lo verdaderamente importante estaba en la cláusula de arbitraje, cómo no.
Porque cuando dos partes pactan arbitraje, lo que hacen, en realidad, es dejar escrito, con la sonrisa todavía puesta, qué ocurrirá el día en que empiecen a detestarse cordialmente.
Y nos aparece París como sede, que es la patria procesal del arbitraje, el lugar que le dará cobijo legal.
Es la ciudad que determina qué tribunales estatales y qué ley arbitral pueden ayudar, vigilar o intervenir en momentos concretos, si es necesario.
Pues París, en estas lides y a pesar de sus antipáticos taxistas, sigue siendo plaza mayor.
Porque cuando dos partes de distintos lugares quieren evitar la jurisdicción del contrario, suelen buscar una sede que inspire respeto, seguridad, distancia y cierta sensación de terreno neutro.
Y París sigue ofreciendo justamente eso.
Peeeeeero que la sede arbitral sea París no significa que todo tenga que pasar necesariamente por París.
Y aquí empieza la gracia del caso.
Porque una cosa es quién resolverá el fondo del asunto y otra muy distinta es quién puede echar una mano antes, cuando lo que se teme no es perder la discusión jurídica, sino que el dinero salga por patas.
El problema es que, como buen sistema procesal continental, al derecho francés le faltan algunas piezas que el sistema inglés, curiosamente, cuenta en su arsenal.
Ahí es donde entra Dubái o, mejor dicho, los ‘DIFC Courts’.
La demandante acude allí no para cambiar la sede del arbitraje ni sustituir a los árbitros parisinos, sino para solicitar auxilio cautelar urgente.
Lo que pretende es que los tribunales dubaitíes, con su cultura ‘common law’ y su afición a los remedios raudos y veloces, le ayuden a congelar los bienes del demandado, obligándole a despelotarse antes de que el arbitraje arranque formalmente en París.
Y ahí está, precisamente, la gran pregunta del caso:
¿Puede ese tribunal acordar una medida cautelar en favor de un arbitraje parisino que todavía no ha echado a andar?
Pues eso es precisamente lo que resolveremos la semana que viene.
Hasta entonces, mis queridos anglófilos.
