Tras un accidente laboral, Raúl, de 47 años, quedaba parapléjico. Un caso contra el Ayuntamiento de Bacares que, sin embargo, ha quedado paralizado en los tribunales desde el pasado mes de octubre por falta de personal funcionario. Algo que ha dejado a la familia de este trabajador desamparada ante una «crueldad administrativa».
Raúl M., de 47 años, se encontraba realizando tareas de desbroce manual en el entorno del Castillo de Bacares el 2 de septiembre de 2025. Una zona «rocosa, estrecha, cubierta de maleza», siendo una ladera de fuerte pendiente y con difícil accesibilidad.
Tarea que estaba realizando cuando el trabajador caía desde 25 metros e altura, quedando parapléjico debido al accidente laboral mientras realizaba la labor encomendada por el Ayuntamiento de Bacares.
Un trabajo que realizó en condiciones inadecuadas para su salud, tal y como destacaba el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Informe que era claro ante la falta de previsión y seguridad en la que se producía el accidente de Raúl.
«Se identifica la realización de trabajos con riesgo grave de caída de altura sin que se hubiera efectuado una evaluación de los riesgos, sin planificación previa de medidas preventivas, sin instalación de protecciones colectivas, líneas de vida, ni puntos de anclaje», valora el informe.
Falta de medidas de protección que también se producían a nivel individual, careciendo Raúl de protección anticaída, ni de un casco adecuado que le protegiera adecuadamente en caso de accidente.
Trabajador que, además, recibió el encargo «de manera improvisada», sin tener siquiera formación específica para trabajos en altura. Un riesgo que, lamentablemente, acababa en un terrible accidente.
Silencio de los tribunales ante el trabajador parapléjico
Un accidente laboral que el hombre, representado por la letrada Ambar Zambrano, de Vosseler Abogados, llevaba ante los tribunales en proceso penal contra el Consistorio, por negligencia grave.
Un caso que, sin embargo, se encuentra paralizado desde el pasado mes de octubre en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Purchena. Ello, debido a que la sección que tramita las diligencias está sin funcionario.
Falta de personal funcionario que hace que, mientras los días pasan sin que el Ayuntamiento acuda al banquillo, una familia esté abandonada judicialmente.
Así, tal y como informa el despacho, Raúl se encuentra internado, adaptándose a su gran invalidez, mientras que su mujer, al cargo de sus hijos menores de edad, se encuentra «en una situación de absoluta inseguridad».
«No es Justicia; es crueldad administrativa», expone la abogada. «Que el proceso no avance porque no hay un funcionario en la sección que tramita estas diligencias es inaceptable», lamenta.
Falta de personal y de recursos que ha dejado a una familia sin amparo legal, y sin sustento, a la espera de que se confirme en los tribunales una falta de seguridad en la protección de Raúl que acabó en un siniestro que le afectará de por vida.
