Hay noticias que además de informar reflejan una realidad que se pretende hurtar al escrutinio ciudadano. Actúan como radiografías y dejan al descubierto la estructura oculta de un sistema que lleva demasiado tiempo fingiendo que funciona.
El 11 de abril se hizo pública una investigación académica según la cual la última Memoria de la Fiscalía General del Estado contenía datos sobre sentencias dictadas en materia de agresiones sexuales que erraban en más de dos terceras partes.
En concreto, la Fiscalía sostiene su análisis anual sobre unas cifras según las cuales se dictaron 145 sentencias condenatorias, cuando, como mínimo, según el CENDOJ, se alcanzaron las 575.
Es decir, tres de cada cuatro resoluciones quedaron fuera del registro manejado por el Ministerio Fiscal.
Los datos que nutren dicha Memoria no son, por tanto, solo incompletos. Son inconsistentes y, en algunos extremos, difícilmente verosímiles.
Y no es un error aislado, ni una disfunción puntual. Es la consecuencia lógica de un problema estructural que arrastramos desde hace más de tres décadas, que es el tiempo que yo conozco de primera mano: la incapacidad crónica de la Administración de Justicia para generar estadística fiable a partir de sus propios sistemas.
Si hacemos un poco de memoria y buceamos en la selva inescrutable de la normativa orgánica del Ministerio de Justicia o del CGPJ, veremos que la Instrucción 2/2003 del CGPJ o el Reglamento 1/2003 de dicho Consejo establecieron, con claridad meridiana, que la estadística judicial debía nutrirse de los sistemas de gestión procesal.
La premisa es tan sencilla como razonable. Si los procedimientos se tramitan en aplicaciones informáticas, los datos deben extraerse de ellas. Sin intermediarios. Sin reinterpretaciones. Sin reconstrucciones artesanales.
El mandato sigue sin cumplirse
Han pasado más de veinte años. Estamos en 2026. Y ese mandato sigue sin cumplirse. Es papel mojado.
Es una afirmación que está lejos de ser una exageración retórica. Al contrario, es la constatación empírica que cualquier Letrado de la Administración de Justicia puede verificar en su práctica diaria.
Los sistemas de gestión procesal —fragmentados, heterogéneos, escasamente interoperables y, en muchos casos, técnicamente obsoletos— no permiten obtener datos fiables de manera automatizada.
Lo que debería ser un flujo natural de información se convierte en un ejercicio manual, tedioso y profundamente ineficiente.
La realidad es conocida, aunque rara vez se verbaliza en términos tan crudos. Recuentos manuales. “Palotes”. Cruces de listados.
Verificaciones sucesivas. Decenas de horas de trabajo de funcionarios y letrados de la Administración de Justicia para construir lo que, en el mejor de los casos, es una aproximación intuitiva a la realidad.
Y, en el peor, una ficción estadística con apariencia de rigor.
Los datos que se remiten al CGPJ no son fiables
Esta forma de trabajar, además de ineficiente, es jurídicamente problemática. Los datos que se remiten al CGPJ no constituyen un reflejo fiel de la actividad judicial, sino una reconstrucción manual, necesariamente imperfecta, elaborada por letrados de la Administración de Justicia que carecen de formación específica en materia estadística y cuya función principal se sitúa en el ámbito procesal, organizativo y de dirección de la oficina judicial.
La estadística trimestral se convierte así en una tarea tediosa, residual, impuesta y de escaso valor añadido, que compromete la fiabilidad del sistema.
El resultado es la pérdida de la capacidad de medición objetiva de la realidad judicial, sustituyéndola por aproximaciones de consistencia incierta. Y, sin medición objetiva, sencillamente no puede existir evaluación rigurosa, porque no se conocen los problemas reales.
¿Es igual 145 sentencias que 600? Parece que no.
Durante años, esta disfunción ha sido tolerada como un mal menor. Se asumía que la estadística judicial era una carga burocrática más, un peaje inevitable del sistema. Por eso nunca llegó a convertirse en un verdadero instrumento de gestión.
Nunca se integró en la toma de decisiones. Nunca fue el soporte de una política pública de Justicia que se basara en evidencias empíricas.
Los Tribunales de Instancia han agravado el problema
La llegada de los Tribunales de Instancia no solo no ha corregido el problema. Lo agrava hasta límites que conoceremos en próximos trimestres.
El nuevo modelo organizativo —concebido bajo la lógica de la eficiencia y la racionalización de recursos— introduce una fragmentación funcional que complica aún más la trazabilidad de los datos.
Equipos, áreas, servicios comunes, redistribución de cargas de trabajo… todo ello sin que las aplicaciones informáticas hayan sido adaptadas de manera coherente a esta nueva arquitectura.
El resultado es previsible. Lo que antes era difícil, ahora es prácticamente imposible. La estadística judicial se convierte en un sudoku irresoluble, en el que cada pieza organizativa añade un nuevo pliegue de complejidad sin que exista un sistema que permita solventarlo.
«Si los datos son erróneos, todo lo que se construye sobre ellos también lo será. Sin datos fiables no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico cierto no hay política pública seria. Lo que queda, en su lugar, es una sucesión de decisiones adoptadas a ciegas, de reformas que no responden a necesidades reales y de discursos que se sostienen sobre cifras cuya validez nadie puede garantizar».
En este contexto, la noticia a la que hacíamos referencia al inicio deja de ser anecdótica. Que una institución como el Ministerio Fiscal publique datos incompletos o inconsistentes es revelador.
Muestra un sistema que no es capaz de generar información fiable en origen. Los datos no se interpretan mal. Es que no existen en términos técnicamente utilizables.
Es grave lo hasta ahora expuesto, al menos desde mi perspectiva. Porque la estadística judicial es algo más que un ejercicio académico. No puedo admitir que todo ese esfuerzo que los LAJ y funcionarios realizamos trimestralmente se diluya como lágrimas en la lluvia.
Debería ser la base sobre la que los poderes públicos diseñaran sus políticas, con las que se asignan y reparten recursos escasos y valiosos, se justifican reformas legislativas y se construyen discursos institucionales.
Si los datos son erróneos, todo lo que se construye sobre ellos también lo será. Sin datos fiables no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico cierto no hay política pública seria. Lo que queda, en su lugar, es una sucesión de decisiones adoptadas a ciegas, de reformas que no responden a necesidades reales y de discursos que se sostienen sobre cifras cuya validez nadie puede garantizar. Es a lo que asistimos en la actualidad, a una simple escenografía comunicativa que, como mucho, da para salir en X haciendo “tuit, tuit…”.
La interoperabilidad sigue siendo más una aspiración que una realidad
En este escenario, el papel de los órganos de coordinación técnica resulta especialmente relevante. O debería serlo. El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), creado en 2010, que se dice pronto, nació con la vocación de impulsar la interoperabilidad, la homogeneización de sistemas y la modernización tecnológica de la Justicia.
Quince años después, el balance es el que cuento. No se puede negar la existencia de actividad. Reuniones, documentos, recomendaciones, grupos de trabajo. Una producción constante de materiales que, sobre el papel, abordan precisamente los problemas que aquí se describen.
Pero la interoperabilidad sigue siendo más una aspiración que una realidad. La extracción automatizada de datos fiables desde los sistemas de gestión procesal sigue siendo una quimera inalcanzable. Y la estadística judicial continúa dependiendo, en exclusiva, del esfuerzo analógico de los LAJ y los funcionarios de las oficinas judiciales.
La disonancia entre el discurso institucional y la experiencia práctica es trágica. Mientras se suceden los anuncios, las presentaciones y los mensajes en redes sociales, en los despachos judiciales se sigue contando “a mano”. Mientras se habla de transformación digital, se multiplican las hojas de cálculo paralelas. Mientras se invoca la modernización, se perpetúan dinámicas propias de otro tiempo.
«La extracción automatizada de datos fiables desde los sistemas de gestión procesal sigue siendo una quimera inalcanzable».
El problema que traigo hoy a este artículo es de dos tipos.
Por un lado, de voluntad política para arreglarlo. Por otro, de tener una Justicia que de verdad sepa dónde está y a dónde quiere llegar.
Durante años, la inversión en tecnología judicial ha estado más orientada a la apariencia que a la funcionalidad. Se han desarrollado aplicaciones sin una visión integrada, sin estándares comunes y sin una verdadera preocupación por la explotación de los datos, pese a que el Ministerio de Justicia no se cansa de presentar, en documentos institucionales, el eslogan de una “Justicia orientada al dato”.
El resultado es un ecosistema tecnológico fragmentado, en el que cada comunidad autónoma, cada jurisdicción y, en ocasiones, cada órgano, funciona con sus propias herramientas, sus propias lógicas y sus propias limitaciones. Pretender obtener de ahí una estadística coherente es, sencillamente, irreal.
Llegados a este punto, conviene formular la pregunta incómoda: ¿queremos realmente una estadística judicial fiable?
Debe decirse alto y claro que disponer de datos rigurosos implica asumir sus consecuencias. Implica evidenciar desequilibrios territoriales, sobrecargas estructurales, ineficiencias organizativas. Implica, en definitiva, confrontar la realidad del sistema sin filtros ni maquillajes.
La estadística judicial no es una herramienta estratégica
Tal vez por eso la estadística judicial ha sido tradicionalmente relegada a un segundo plano. Convertida en una obligación formal, pero no en una herramienta estratégica. Cumplida en apariencia, pero no en sustancia.
El contexto actual hace insostenible esta situación. La implantación de los Tribunales de Instancia, la presión sobre los tiempos de respuesta, las exigencias de transparencia y rendición de cuentas… todo ello requiere un sistema de información sólido, fiable y automatizado.
Y puede hacerse. Basta con reordenar prioridades y destinar parte de los recursos hoy empleados en inspecciones presenciales y en estructuras de coordinación tecnológica de salón a un objetivo mucho más eficaz: el diseño e implantación de un sistema que permita al CGPJ acceder directamente a los sistemas de gestión procesal y extraer, de forma automatizada, los datos relevantes.
Sin intermediarios, sin reconstrucciones manuales.
Datos reales.
Con una arquitectura así, sería posible conocer con precisión cuántas sentencias dicta cada juez, cuántas resoluciones procesales firma cada LAJ, cuántos escritos permanecen pendientes de proveer, cuántas órdenes de protección se acuerdan y con qué variables asociadas —sexo, edad o nacionalidad de la víctima—, o incluso los patrones efectivos de actividad en los órganos judiciales.
Cuántos juicios celebra cada plaza judicial a la semana, cuántos se suspenden y porqué. Que pendencia y tasa de resolución tienen unos y tienen otros. Información que hoy se solicita y se elabora de forma artesanal, a base de recuentos manuales que degradan su fiabilidad.
La tecnología necesaria existe. Los datos ya están en el sistema. Lo único que falta es la decisión de acceder a ellos y utilizarlos correctamente. Háganlo cuanto antes.
Puede que las generaciones que ahora sostenemos la Justicia no lleguemos a beneficiarnos, pero al menos que las futuras no tengan que seguir fingiendo que miden lo que en realidad no conocen.
