La decisión de separarse o divorciarse rara vez se adopta de forma inmediata. En la mayoría de los casos viene precedida de meses — e incluso años — de conflictos, desgaste emocional e incertidumbre.
En este contexto, es habitual que muchos futuros clientes puedan tomar decisiones impulsivas antes de acudir a un abogado especializado para asesorarse.
Actúan así guiados por la urgencia del momento, por consejos de su entorno o por información general encontrada en internet y las redes.
Todo ello sin conocer las consecuencias jurídicas que, determinadas actuaciones, pueden tener posteriormente en un futuro procedimiento de familia.
En la práctica profesional resulta frecuente comprobar que ciertas decisiones adoptadas en esta fase inicial terminan condicionando la estrategia procesal e, incluso, perjudicando la posición jurídica de quien las adopta.
Estos son algunos de los errores más habituales que se repiten en consulta cuando un cliente, por fin, acude para asesorarse:
1. Abandonar la vivienda familiar sin asesoramiento previo
Uno de los errores más frecuentes se produce cuando, tras una discusión o una crisis de pareja, uno de los cónyuges decide marcharse de la vivienda familiar sin consultar previamente de forma impulsiva.
Desde un punto de vista emocional, puede parecer una solución razonable para evitar el conflicto inmediato. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico esta decisión puede tener consecuencias relevantes, especialmente cuando existen hijos menores.
En determinados procedimientos, el hecho de abandonar el domicilio puede influir en cuestiones tan relevantes como la organización posterior de la guarda y custodia de nuestros hijos, lo que a su vez tendrá consecuencias en la atribución del uso de la vivienda familiar.
Y es que, judicialmente, se puede valorar que el progenitor que se queda en el domicilio es quien asume el cuidado cotidiano de los hijos, aunque dicha situación no se corresponda con la realidad de la familia. Motivo por el cual, se deben dar determinadas circunstancias y ser asesorado correctamente para que dicha decisión, que puede ser la más razonable y beneficiosa para los menores, no nos perjudique en un futuro procedimiento.
Por ello, antes de tomar una decisión de este tipo resulta fundamental analizar la situación concreta con asesoramiento especializado y valorar alternativas que permitan evitar conflictos sin perjudicar la posición jurídica futura.
2. Firmar acuerdos informales entre los cónyuges
Otro error muy habitual consiste en intentar resolver la ruptura mediante acuerdos improvisados entre los cónyuges, muchas veces redactados de forma informal a través de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o documentos privados.
En esos acuerdos suelen regularse cuestiones tan importantes como la guarda y custodia de los hijos y la distribución de determinados gastos.
El problema es que estos acuerdos, si no se formalizan en un convenio regulador aprobado judicialmente o ante notario, carecen de eficacia jurídica real. Pero sí se tendrán en cuenta dentro de un procedimiento judicial como actos propios y voluntarios.
Esto significa que no pueden ejecutarse judicialmente en caso de incumplimiento y que pueden ser modificados unilateralmente por cualquiera de las partes. Pero, sin embargo, sí se tendrán en cuenta por el Juzgador dentro de un procedimiento judicial como actos propios y voluntarios de las partes.
Y es que, es frecuente que una de las partes acepte determinadas condiciones desfavorables con el objetivo de evitar un conflicto inmediato, sin ser consciente de que ese acuerdo puede posteriormente utilizarse como referencia o antecedente e
n el procedimiento. Es decir, debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos al inicio de nuestra crisis matrimonial.
3. Utilizar a los hijos dentro del conflicto
Las rupturas de pareja con hijos menores suelen generar un fuerte impacto emocional en toda la familia. Sin embargo, uno de los errores más graves que pueden cometer los progenitores consiste en involucrar a los menores en el conflicto. Incluso de manera inconsciente.
Esto puede manifestarse de múltiples formas, como trasladar al menor reproches o conflictos entre los adultos, utilizar al menor como intermediario en la comunicación entre los padres e, incluso y lo más grave, pedirle que elija con quién quiere vivir.
Desde el punto de vista jurídico, este tipo de conductas puede tener consecuencias importantes en un procedimiento de familia. Cuando se aprecia que uno de los progenitores instrumentaliza al menor – como decimos, incluso de manera inconsciente -, esta circunstancia puede influir negativamente en nuestro procedimiento.
Pero, más allá del impacto procesal, conviene recordar que los menores no deben asumir responsabilidades emocionales que corresponden exclusivamente a los adultos.
4. Ocultar ingresos o información económica
Otro error que aparece con cierta frecuencia antes de iniciar un divorcio consiste en intentar ocultar ingresos o modificar artificialmente la situación económica.
Algunas conductas habituales en esta fase son, por ejemplo, dejar de declarar determinados ingresos, cambiar la titularidad de bienes o cuentas bancarias, retirar dinero de cuentas comunes sin justificación o alterar la estructura societaria de un negocio familiar.
Este tipo de actuaciones suelen responder al temor de tener que asumir una pensión de alimentos elevada o una posible pensión compensatoria. Sin embargo, en la práctica procesal este tipo de estrategias puede tener el efecto contrario.
Los procedimientos de familia permiten solicitar abundante documentación económica — declaraciones fiscales, extractos bancarios, información mercantil o informes periciales —, que permiten reconstruir con bastante precisión la situación patrimonial real.
Cuando el Juzgado detecta conductas destinadas a ocultar ingresos o manipular la situación económica, puede acabar perjudicando seriamente la credibilidad de la parte que las ha realizado.
5. Negociar sin asesoramiento previo
Otro error muy extendido consiste en iniciar negociaciones con la otra parte sin haber recibido previamente asesoramiento jurídico.
Muchos clientes consideran que acudir a un abogado solo es necesario cuando el conflicto ya es inevitable, o cuando el procedimiento judicial está a punto de iniciarse. Sin embargo, la fase previa a la negociación es precisamente uno de los momentos más importantes.
Negociar sin conocer previamente los derechos que reconoce la legislación, la jurisprudencia aplicable, o los criterios que suelen seguir los tribunales, puede llevar a aceptar condiciones claramente desfavorables o a adoptar posiciones que dificulten alcanzar un acuerdo razonable.
Además, una negociación eficaz exige tener una visión estratégica del procedimiento: saber qué cuestiones son realmente negociables, cuáles son los límites legales y qué escenarios pueden plantearse si finalmente el divorcio se tramita de forma contenciosa.
Un asesoramiento adecuado desde el inicio no solo permite proteger mejor los intereses propios, sino que también facilita la posibilidad de alcanzar acuerdos más equilibrados y duraderos.
El momento previo a un divorcio suele estar marcado por la tensión emocional, el miedo y la incertidumbre. Precisamente por ello, es frecuente que se adopten decisiones que, aunque parecen razonables en ese momento, pueden tener consecuencias jurídicas relevantes y perjudiciales más adelante.
Actuaciones como abandonar la vivienda familiar, firmar acuerdos improvisados, involucrar a los hijos en el conflicto o adoptar decisiones económicas impulsivas pueden condicionar el desarrollo posterior del procedimiento.
Por este motivo, antes de tomar decisiones que afecten a la vivienda, al patrimonio o a la organización familiar, resulta aconsejable analizar la situación con asesoramiento especializado.
Una orientación adecuada desde el inicio permite evitar errores difíciles de corregir posteriormente, y afrontar el proceso con mayor seguridad jurídica tanto para los adultos como, sobre todo, para los hijos menores.
