Apenas ha transcurrido el primer trimestre de este 2026 y flota en el ambiente la sensación de que las instituciones judiciales más que transformarse, se han deformado bajo la apariencia de cambio.
Los Tribunales de Instancia pretenden responder, en su formulación oficial, a una lógica de modernización. Eficiencia, flexibilidad, gestión por equipos, orientación al dato.
Un lenguaje reconocible, incluso seductor, que proyecta la imagen de una Justicia adaptada a su tiempo.
Pero, como sucede en tantas ocasiones, el lenguaje no describe la realidad, la altera hasta sustituirla.
Y ahí es donde empieza el problema.
La apariencia de salud y la enfermedad del sistema
El prestigioso médico y genetista Nir Barzilai distingue en sus trabajos entre apariencia de salud y salud real.
Un organismo puede presentar todos los signos externos de vitalidad mientras internamente se deteriora. Los Tribunales de Instancia encajan con precisión en ese esquema.
Externamente, en las proclamas oficiales y en sus mass media, el modelo proyecta orden. Internamente, genera caos.
Externamente, se habla de racionalización. Internamente, se multiplican los espacios de indeterminación.
Externamente, se invoca la eficiencia. Internamente, se desplaza el problema hacia quienes tienen que sostener el sistema.
El resultado es una organización que si está echando a andar —mal, como todos experimentamos— no porque esté bien diseñada, sino porque alguien absorbe sus defectos.
Y ese alguien, de forma casi sistemática, es el Letrado de la Administración de Justicia.
La falacia del progreso aplicada a la organización judicial
Dice el filósofo norteamericano John Gray, al analizar el concepto de progreso, que la idea de que todo cambio normativo o estructural implica necesariamente una mejora es una falacia apenas perceptible.
En el caso de los Tribunales de Instancia, esa falacia se manifiesta con claridad.
El modelo no se discute en términos de si mejora o no la Justicia, sino en términos de inevitabilidad.
Se presenta como un estadio superior, como una evolución natural del sistema. Y, desde esa premisa, cualquier crítica se interpreta como resistencia al cambio.
Pero el progreso no es una categoría jurídica. Es, en el mejor de los casos, una hipótesis que debe ser contrastada con la realidad.
Y la realidad, en este momento, muestra otra cosa.
Es un sistema con menos recursos personales en las oficinas, con funciones difusas, con aplicaciones tecnológicas inoperantes y con una carga organizativa que se desplaza hacia figuras que no estaban diseñadas para absorberla en esos términos.
No hay aquí una mejora evidente. Hay, en muchos aspectos, una transferencia de costes.
La fractura interna, cuando desaparece el “universal concreto”
Javier Gomá, filosofo y escritos español, desarrolla la idea del “universal concreto” como aquello que permite que una institución o un colectivo se reconozca en un modelo común de comportamiento, en una ejemplaridad compartida.
El cuerpo de LAJ ha funcionado históricamente, con todas sus tensiones, sobre esa base.
Existía una cierta idea de lo que significaba ser LAJ. Un estándar profesional reconocible, tanto interna como externamente.
El modelo de Tribunales de Instancia está erosionando ese universal concreto.
«Si la fractura interna se normaliza, si la diferencia entre quienes sostienen el sistema y quienes lo utilizan en su propio beneficio se convierte en algo asumido, el problema se hará crónico y terminará integrándose como un pilar más del propio sistema. En ese punto, ya no habrá retorno».
No porque desaparezca formalmente, sino porque deja de operar en la práctica. Las nuevas dinámicas organizativas introducen incentivos distintos.
Premian otras habilidades. Desplazan el centro de gravedad desde lo técnico hacia lo relacional, desde lo normativo hacia lo informal.
Y eso conduce por un carril estrecho y de sentido único. El de la fragmentación del colectivo.
Dos perfiles, una misma estructura
Fractura que es aún más visible, al menos en estos comienzos, entre quienes ocupan posiciones de dirección o jefatura por extraño que pueda parecer.
El motivo es sencillo. No todos están reaccionando igual ante el mismo entorno.
Por un lado, están quienes intentamos sostener el modelo desde una lógica de servicio público. Asumimos conflictos que no nos corresponden, intentamos dar coherencia a estructuras desordenadas y soportamos una presión constante sin respaldo normativo suficiente.
En términos de Gomá, somos quienes intentamos mantener una cierta ejemplaridad en un entorno que la dificulta.
Por otro lado, aparece un perfil distinto. El de quienes han entendido que el nuevo modelo abre espacios de oportunidad personal. Aquí la lógica transmuta para tornar en pura estrategia.
Se trata de posicionarse, de ocupar espacios, de aprovechar la indeterminación organizativa para construir poder interno.
La ausencia de reglas claras no se percibe como un problema, sino como una ventaja. Aunque tales perfiles siempre han existido en la Administración, solían moverse en porcentajes cercanos a lo anecdótico.
Pero en estos tiempos revueltos están proliferando como los níscalos en umbría. Y con ello empieza a resquebrajarse la confianza interna dentro del propio cuerpo.
Se produce, en términos casi orgánicos, una dispersión de “esporas” que terminan colonizando espacios del sistema.
Quienes las encarnan son percibidos como adelantados, no por su excelencia profesional, sino por su capacidad de adaptación a un entorno desdibujado.
Así se configuran ámbitos en los que el acceso o la consolidación en determinados puestos deja de responder al mérito o a la trayectoria para depender de otros valores.
El resultado es claro, el sistema se desnaturaliza y pierde legitimidad.
El lenguaje como mecanismo de ocultación
Wittgenstein, al analizar la relación entre lenguaje y realidad, advirtió del riesgo de extravío cuando el lenguaje pierde su anclaje en el uso que le da sentido.
En tal situación, deja de describir la realidad y comienza a desfigurarla, no por separarse de los hechos en sí, sino por romper las reglas que hacen posible su comprensión.
Por eso, cuando el lenguaje se separa de los hechos, deja de describirlos, pero además contribuye a ocultarlos.
En los Tribunales de Instancia, el uso del lenguaje institucional cumple en muchos casos esa función degenerada.
Se habla de “equipos”, cuando en realidad existen estructuras descompensadas.
Se habla de “flexibilidad”, cuando lo que hay es indeterminación.
Se habla de “coordinación”, cuando en la práctica se produce una transferencia de problemas hacia quien tiene menos capacidad de rechazo.
El lenguaje suaviza, ordena, incluso embellece. Pero no resuelve.
Y, en ocasiones, dificulta el diagnóstico porque genera la ilusión de que el problema ya está conceptualizado y, por tanto, controlado. El poder de talismán de las palabras puede narcotizar los sentidos durante un tiempo, a unos cuantos, pero no siempre y a todos. Los resultados terminan por imponerse.
El LAJ como sumidero del sistema
En ese escenario, el LAJ se convierte en lo que podríamos denominar punto de absorción sistémica. Todo lo que el modelo no resuelve, todo lo que la norma no prevé, todo lo que la organización no distribuye correctamente, termina convergiendo en esa figura.
Las tensiones de los jueces ante un modelo que no dominan plenamente. Las quejas de los funcionarios ante cargas de trabajo desiguales.
Las disfunciones tecnológicas. Las carencias de planificación. Incluso las propias tensiones internas del cuerpo.
Todo desemboca en el mismo lugar. No por diseño explícito, sino por necesidad física. O, dicho sin rodeos, en sumideros en los que se vierten todas las excrecencias que se van destilando de los malos rollos que proliferan.
Pero esa función tiene un coste. Desdibuja el rol profesional. Desplaza al LAJ desde una posición jurídica definida hacia una función híbrida, más cercana a la gestión de conflictos que a la ordenación del proceso. Y eso, a no tardar, nos hará irreconocibles.
El desgaste de quienes sostienen el sistema
Las consecuencias de todo lo anterior son relevantes. Quienes asumimos responsabilidades reales experimentamos un desgaste progresivo. No solo por la carga de trabajo, sino por la falta de correspondencia entre esfuerzo y reconocimiento de los compañeros.
Por la sensación de operar en un entorno sin reglas claras. Por la percepción de que el sistema no solo no corrige sus defectos, sino que los reproduce.
A ello se añade un elemento especialmente corrosivo. La constatación de que otros, en ese mismo entorno, están obteniendo beneficios personales a partir de las mismas disfunciones.
Es una cuestión moral, pero también profesional. Cuando el sistema premia comportamientos distintos, acaba generando incentivos perversos. Y esos incentivos terminan afectando a la implicación de quienes, hasta ese momento, nos involucramos en el nuevo sistema por decoro profesional.
Recuperar la realidad frente a la apariencia
A estas alturas, la cuestión de fondo es si todavía estamos a tiempo de reconducir el proceso. Eso exige, en primer lugar, recuperar la primacía de la realidad sobre el lenguaje.
Dejar de describir el modelo en términos aspiracionales y empezar a analizarlo en función de sus efectos reales.
En segundo lugar, es necesario reforzar los medios personales, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino en igual proporción en el de los LAJ y el personal funcionario que hacen posible el ejercicio efectivo de esa función constitucional.
Exige también mejorar de forma decidida los sistemas de gestión procesal y el resto de herramientas tecnológicas, hoy claramente insuficientes.
Y, sobre todo, requiere algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia, planes de implantación realistas, con marcos normativos claros y tiempos razonables.
Por ultimo, es conveniente reintroducir criterios objetivos en la asignación y ejercicio de funciones directivas. Sin eso, la percepción de arbitrariedad seguirá alimentando la fractura interna.
Y, finalmente, reconstruir un mínimo común profesional dentro del cuerpo de LAJ.
Un nuevo “universal concreto”, en términos de Gomá si se quiere, adaptado al modelo actual, pero basado en principios reconocibles de responsabilidad, mérito y servicio público.
Punto de inflexión
Los Tribunales de Instancia no están aún cerrados como modelo. Siguen siendo una oportunidad. Pero también implica un riesgo. Porque las dinámicas que se consoliden ahora serán las que definan el sistema en el futuro.
Si la fractura interna se normaliza, si la diferencia entre quienes sostienen el sistema y quienes lo utilizan en su propio beneficio se convierte en algo asumido, el problema se hará crónico y terminará integrándose como un pilar más del propio sistema.
En ese punto, ya no habrá retorno.
