Ocurrió en silencio, en los sótanos burocráticos del sistema judicial federal estadounidense. Un despacho de abogados —no cualquiera, sino uno de los más respetados y temidos del planeta, Sullivan & Cromwell— presentó ante un tribunal de quiebras de Nueva York un escrito plagado de citas judiciales que no existían.
Las había inventado una máquina. Y nadie lo comprobó.
El 18 de abril de 2026, Andrew G. Dietderich, socio de Sullivan & Cromwell LLP, firmó una carta dirigida al juez jefe Martin Glenn, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Fue una confesión en toda regla. Una de esas que, en el mundo de los grandes despachos anglosajones, equivale a reconocer públicamente que algo se rompió por dentro.
La carta explicaba que la moción de urgencia presentada el 9 de abril en el asunto In re Prince Global Holdings Limited —un caso que involucra a un grupo empresarial acusado de ciberestafa y blanqueo de capitales a gran escala en el Sudeste Asiático— contenía errores graves.
Contenía citas a sentencias que nunca existieron. Números de página incorrectos. Pasajes atribuidos a resoluciones judiciales concretas que, en realidad, no decían nada de lo que el escrito afirmaba.
El origen de todo: herramientas de inteligencia artificial generativa usadas sin la supervisión que la propia firma exige a sus abogados.
«Lo lamentamos profundamente», escribió Dietderich. Y a continuación hizo algo que escasea en el mundo legal: asumir la responsabilidad sin matices, sin escudarse en la tecnología, sin buscar excusas.
Qué son las «alucinaciones» de la IA y por qué son tan peligrosas en un tribunal
Para entender la gravedad de lo que ocurrió hay que saber qué es una alucinación en el contexto de la inteligencia artificial.
Los sistemas de IA generativa —como ChatGPT u otros similares— aprenden a producir texto que suena convincente y bien estructurado.
El problema es que, cuando no saben algo, no lo dicen.
Lo inventan. Fabrican nombres de sentencias, números de expediente, fechas, citas textuales. Todo con la misma apariencia de rigor que tendría un dato real.
En medicina o en periodismo eso es grave. En un tribunal, puede ser catastrófico. Un juez que lee un escrito jurídico da por sentado que cada resolución citada existe, que dice lo que el abogado afirma que dice y que respalda el argumento que se le atribuye.
4Si eso no es así, el tribunal toma decisiones basadas en autoridades inexistentes. La justicia, literalmente, se construye sobre arena.
Eso es exactamente lo que estuvo a punto de ocurrir en Nueva York.
El despacho rival en este caso fue quien detectó los errores y quien avisó a Sullivan & Cromwell
Fue el despacho rival, Boies Schiller Flexner, quien detectó los errores.
Dietderich reconoció en su carta que llamó personalmente a sus colegas de la firma rival en el caso para agradecerles que se lo comunicaran y para disculparse.
«También llamé a Boies Schiller Flexner LLP el viernes para darles las gracias por llamarnos la atención sobre este asunto y para disculparnos con ellos también. Una versión corregida de la moción, junto con un documento de cambios con todas las modificaciones resaltadas, será presentada ante el tribunal a lo largo del día de hoy», dice la misiva dirigida al juez Glenn.
Un gesto insólito en un mundo donde la guerra entre despachos raramente deja espacio para ese tipo de cortesías.
La carta de Dietderich iba acompañada de un anexo de 5 páginas con todas las correcciones necesarias.
El documento recorre párrafo a párrafo los escritos afectados: la moción principal, la petición verificada, la moción de administración conjunta y las declaraciones juradas de dos expertos.
En más de 20 puntos distintos, la firma tuvo que rectificar números de expediente, volúmenes y páginas de repertorios oficiales, citas textuales atribuidas a sentencias concretas y remisiones internas.
En un caso, incluso confundió dos disposiciones legales distintas —la sección 1517(d) del Código de Quiebras y la Regla 6004(h) de procedimiento—, alterando el significado jurídico del argumento.
En casa de herrero, cuchillo de palo
Lo que convierte este episodio en algo más que un simple error técnico es el contexto en el que se produce.
Apenas tres meses antes, en enero de 2026, Sullivan & Cromwell había publicado un memorando de referencia para sus clientes sobre el uso de inteligencia artificial en operaciones de fusiones y adquisiciones.
En él advertía, con precisión casi premonitoria, que las herramientas de IA generativa son «propensas a errores sorprendentes y alucinaciones» y que ya se habían dado «numerosos casos de abogados que presentan escritos con citas bien formateadas a resoluciones inexistentes».
La firma que alertaba al mercado de ese riesgo acababa de protagonizar exactamente el escenario que describía.
La carta al juez Glenn también reveló que Sullivan & Cromwell dispone de un sistema interno de control nada desdeñable: los abogados deben completar dos módulos de formación obligatorios antes de poder acceder a cualquier herramienta de IA generativa.
El manual interno exige verificar de forma independiente cada cita, cada dato y cada argumento producido por estas herramientas. La consigna interna, según reconoce el propio escrito, es rotunda: «no te fíes de nada y verifica todo». Nada de eso se cumplió en la preparación de la moción del caso Prince.
Sullivan & Cromwell es uno de los bufetes de abogados más prestigiosos e influyentes de Estados Unidos, con 146 años de historia y una facturación anual de 2.100 millones de dólares generados por menos de 1.000 abogados, lo que refleja un rendimiento por profesional muy superior a la media del sector.
Forma parte del núcleo duro del Biglaw neoyorquino de élite —junto a Cravath, Davis Polk o Wachtell— y sus principales áreas de práctica son fusiones y adquisiciones, banca y mercados de capitales, litigación compleja y defensa penal corporativa (delitos de cuello blanco).
Su peso no se mide solo en cifras, sino en el tipo de asuntos que maneja y en su capacidad de acceso al poder.
La firma asesora las operaciones corporativas de mayor envergadura a nivel global y opera con plena naturalidad en la primera línea política: en 2025, el presidente Trump contrató a su co-presidente Robert Giuffra para dirigir sus recursos de apelación en los casos penales de Manhattan.
Chambers USA le otorgó en 2024 un total de 52 clasificaciones por áreas de práctica y 31 abogados en Banda 1, la categoría de mayor reconocimiento.
En definitiva, Sullivan & Cromwell es menos conocida por su tamaño que por su influencia, selectividad y acceso a los asuntos que realmente importan.
Una crisis que no para de crecer
El caso de Sullivan & Cromwell no es una anécdota. Es la punta más visible de un iceberg que lleva meses hundiéndose en los tribunales estadounidenses.
Damien Charlotin, investigador del Smart Law Hub de HEC París, lleva una base de datos global de incidentes en los que la IA generativa produjo contenido inventado incorporado a escritos judiciales.
La cifra superaba los 1.300 casos documentados en todo el mundo a principios de 2026, más de 800 de ellos en Estados Unidos.
Y eso son solo los detectados. Los propios investigadores advierten de que la cifra real es con toda probabilidad muy superior, porque muchos tribunales no verifican sistemáticamente las citas de los escritos que reciben, y bastantes alucinaciones pasan desapercibidas, especialmente en casos que se resuelven por acuerdo entre las partes antes de llegar a juicio.
Solo en el primer trimestre de este año, los tribunales federales estadounidenses impusieron más de 145.000 dólares en sanciones por este motivo.
El Sexto Circuito federal multó en marzo con 15.000 dólares a cada uno de los dos abogados de un caso en Tennessee, después de que sus escritos contuvieran más de dos docenas de citas falsas.
Los jueces han dejado de tratar estas situaciones como torpezas técnicas. Las consideran, cada vez más, faltas deontológicas graves: fraude al tribunal, falta de veracidad, negligencia profesional incompatible con el ejercicio de la abogacía.
Lo que salva a Sullivan & Cromwell de un desenlace peor es precisamente lo que más escasea en estos casos: la transparencia.
Comunicación inmediata al tribunal, asunción expresa de responsabilidad, corrección íntegra de todos los escritos afectados y disculpas directas a la parte contraria.
La jurisprudencia emergente sobre sanciones por alucinaciones de IA es consistente en un punto: los jueces tratan con más benevolencia a quien actúa así. Los que niegan, minimizan o culpan a la máquina acaban pagando mucho más caro.
La inteligencia artificial ha llegado a los tribunales. Lo que todavía no ha llegado, en demasiados casos, es la inteligencia humana para usarla bien.
