Natalia Thawe tenía todo lo que se supone que debe tener una asociada de alto rendimiento en uno de los grandes despachos de Canadá: Gowling WLG LLP. Nueve años de trayectoria intachable. Reconocimiento externo como abogada a seguir en el país. Promesa expresa de su socio principal de que estaba en el camino hacia la sociedad.
La despidieron de todas formas. Ahora reclama 189.736 dólares canadienses (119.053 euros) por despido improcedente, 250.000 en daños morales (156.867 euros), 250.000 dólares por vulneración del Código de Derechos Humanos de Ontario (156.867 euros) —discriminación por raza, sexo y estatus familiar— y otros 250.000 dólares (156.867 euros) en daños punitivos.
Total: 589.654 euros.
La abogada, especializada en propiedad intelectual, ha presentado la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario contra Gowling WLG LLP —uno de los diez mayores despachos del país, con cerca de 800 abogados—.
El dato que vertebra toda la demanda: de los más de 480 socios distribuidos por las oficinas canadienses del despacho, solo cuatro eran negros cuando despidieron a Thawe en julio de 2024.
Una década en el despacho. Una promesa. Un ultimátum.
Thawe comenzó en Gowling en 2015 como estudiante de verano. Completó sus prácticas, la contrataron como asociada en 2018. Durante años construyó una carrera sólida en el equipo de propiedad intelectual de Ottawa.
Sus evaluaciones eran positivas. Sus horas facturables superaban con regularidad el objetivo del despacho. Nadie le señaló deficiencias. Nunca.
El traslado a Toronto en agosto de 2022 se produjo tras garantías explícitas de la dirección: seguiría trabajando principalmente con su equipo de Ottawa y la integración en la oficina torontoniana sería gradual.
En 2023 se mudó a Londres, Ontario, para atender a su padre anciano, en un momento en que el despacho permitía el trabajo en remoto.
Sus horas bajaron temporalmente —igual que las de otros asociados de ambas oficinas— y se recuperaron. En la primavera de 2024 estaban en el objetivo mensual o por encima.
El mecanismo de la exclusión
El 5 de abril de 2024, el jefe del departamento de Propiedad Intelectual (PI) de Toronto, Daniel Cole, le envió un correo preguntando por su carga de trabajo.
Menos de una hora después de que ella respondiera, Van Barr la llamó para hablarle de «cuestiones administrativas»: Cole había telefoneado para trasladarle preocupaciones sobre sus horas y su falta de integración.
Preocupaciones que los socios de Toronto nunca le habían comunicado directamente a ella.
En esa misma llamada descubrieron juntos algo más grave: socios del equipo de PI de Toronto le habían retenido trabajo de forma activa. Van Barr había conseguido que dos socios torontonianos le asignaran un asunto de apelación.
Esos socios nunca la contactaron.
Su abogada, Kathryn Marshall, es directa: «Este caso levanta el velo sobre lo que ocurre entre bambalinas en un gran bufete. Es muy político, no se basa en el mérito, y hay mucho margen para la discrecionalidad alimentada por sesgos inconscientes y racismo sistémico».
El 17 de mayo, pocas horas después de que Thawe presentara una solicitud de variación sobre su asistencia a la oficina —a instancias de la propia directora del programa de asociados—, Toronto emitió un ultimátum: trasladarse de regreso a Ottawa o afrontar consecuencias disciplinarias.
La oferta de retorno incluía la firma de un nuevo contrato con congelación indefinida de salario. Cuando Thawe objetó, le explicaron que su retribución había sido «red-circled» –marcada en rojo, lo que equivale a congelación del salario y limitación de bonuses– por ser demasiado alta para los estándares de Ottawa.
La demanda desmonta el argumento: su salario ya estaba alineado con la escala de Toronto desde 2022.
El 4 de julio, tras declinar el contrato, fue convocada a una reunión con Cole. Era la primera vez que Cole le hablaba directamente de sus preocupaciones.
La despidieron ese día. Horas antes, Van Barr le había dicho que seguía en el camino hacia la sociedad.
La investigación que no investigó
Tras el despido, Thawe envió un correo a la alta dirección, al consejo de administración y a varios socios detallando el trato discriminatorio recibido y señalando las barreras estructurales que enfrentan los abogados negros en la firma.
Gowling contrató a Rubin Thomlinson LLP para investigar.
El mandato fue restringido unilateralmente por el despacho para excluir las cuestiones sistémicas. Los investigadores abordaron cada incidente de forma aislada, sin analizar el patrón ni el efecto acumulativo.
Aceptaron sin verificar versiones contradichas por evidencia documental: el socio Laurent Massam declaró que fue él quien tomó la iniciativa de involucrar a Thawe en un asunto clave.
Los correos acreditan que fue al revés. Los investigadores, informados de la discrepancia, no la confrontaron.
Calificaron la oferta de retorno a Ottawa —que no incluía contraprestación nueva alguna y se presentó bajo amenaza de despido— como «generosa».
El doble rasero
Un colega blanco trasladado desde Ottawa a Toronto en el mismo momento que Thawe continuó trabajando principalmente en asuntos de esa oficina, a tasas de facturación más bajas, sin amonestación, sin ultimátum, sin despido.
La demanda documenta además que Gowling admite regularmente en la sociedad a asociados blancos sin historial de facturación continuado y acomoda excedencias prolongadas. A Thawe, que nunca se fue y estaba de regreso al objetivo cuando la despidieron, no le extendieron esa misma flexibilidad.
Su abogada, Kathryn Marshall, es directa: «Este caso levanta el velo sobre lo que ocurre entre bambalinas en un gran bufete. Es muy político, no se basa en el mérito, y hay mucho margen para la discrecionalidad alimentada por sesgos inconscientes y racismo sistémico.»
Gowling niega las alegaciones. Anuncia un escrito de contestación en el que la investigación de Rubin Thomlinson, según la firma, «tendrá un papel destacado».
La misma investigación que la demanda califica de fundamentalmente viciada y diseñada para evitar la rendición de cuentas.
