Tenía 19 años y apostaba para ayudar en casa. Diez años después, debía más de 42.000 euros, había pasado por una baja psicológica, soportado el acoso de empresas de recobro y llegado a un punto en el que, según sus propias palabras, «no veía salida».
El juez titular de la Plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Lleida, Eduardo María Enrech Larrea, acaba de cerrar ese capítulo con una resolución que va más allá del número: la exoneración completa del pasivo insatisfecho al amparo de la Ley de la Segunda Oportunidad.
La deuda era de 42.565,65 euros y ya no existe.
Del estadio a la espiral
Todo comenzó en 2014. Las apuestas deportivas. Lo que empezó como un intento de aportar dinero a la economía familiar se convirtió, en cuestión de semanas, en una trampa de la que resultaría imposible salir durante años.
«Con 19 años empecé con las apuestas deportivas para ayudar económicamente en casa, pero me enganché y empecé a pedir préstamos», relata el afectado.
La progresión fue fulminante. De apostar 100 euros a apostar 1.000 —la cantidad íntegra de su nómina— no mediaron meses. Mediaron días.
La lógica del jugador compulsivo tiene su propia coherencia interna, retorcida y destructiva: siempre se puede recuperar lo perdido. Nunca se recupera.
«Pensaba que lo recuperaría y tenía la idea de que ganaría más dinero, pero nunca fue así. Eso me arrastró a mí y a mi familia», admite.
Una bola de nieve con intereses
La ludopatía no opera en el vacío. Genera un rastro financiero devastador. Primero llegan los préstamos para jugar. Después, los préstamos para vivir, porque el sueldo ya no alcanza. Luego, las refinanciaciones para tapar los agujeros que abren los préstamos anteriores.
Y después, el silencio. El ocultamiento. La vergüenza.
«La bola de deudas se hizo muy grande, porque llegó un momento en el que tuve que pedir préstamos también para poder vivir, ya que mi sueldo no alcanzaba», explica el hombre.
La adicción se manifestó tanto en locales físicos como en plataformas digitales, sin distinción.
El impacto más severo se extendió desde los 20 hasta casi los 30 años. Una década entera.
Deudas con entidades bancarias. Deudas con prestamistas privados. Demandas judiciales. Y encima, el acoso telefónico sistemático de las empresas de recobro, una presión que acabó derrumbando lo poco que quedaba en pie emocionalmente.
«Vivía con una sensación constante de angustia, miedo y profunda culpa», describe su abogada, Marta Bergadà, socia fundadora de Bergadà Abogados, el despacho especializado en derecho concursal que llevó el caso. «No veía salida y se sentía atrapado por las deudas y la enfermedad».
Cuando no había dinero, llegaban los episodios de depresión. La baja médica por causas psicológicas terminó de cerrar el círculo: menos ingresos, más deuda, más angustia.
El punto de inflexión
En septiembre del año pasado, un amigo cambió el rumbo de la historia. Ese amigo había sido cliente de Bergadà Abogados y había logrado cancelar todas sus deudas. Le habló de la Ley de la Segunda Oportunidad. El hombre no lo creía posible.
«Pensaba que era algo inaccesible y no me lo acababa de creer, pero cuando él me lo explicó decidí ponerme en contacto», cuenta.
A principios de 2025, paralelamente al procedimiento legal, ingresó en un centro especializado en adicciones. El tratamiento, el proceso jurídico y la recuperación personal avanzaron al mismo tiempo.
«Llevaba un par de años más centrado y asumiendo responsabilidades, pagando las cuotas de los préstamos como fuera. Pero necesitaba la ayuda de especialistas, porque no podía vivir de aquella manera», recuerda.
Bergadà lo describe con precisión clínica: «Cuando llegó a nuestro despacho nos encontramos con una persona muy vulnerable, con un endeudamiento totalmente desordenado y sin capacidad real de reacción».
La primera tarea no fue jurídica. Fue humana. «Fue fundamental explicarle que no era un delincuente, sino una persona enferma que necesitaba ayuda y un marco legal que le permitiera empezar de nuevo».
Tras verificar que se trataba de un deudor de buena fe —requisito indispensable para acceder al mecanismo de exoneración—, el equipo inició el procedimiento. «Lo viví con miedo e incertidumbres», reconoce el propio afectado.
La resolución
El magistrado Enrech Larrea concedió la exoneración. Los 42.565,65 euros quedaron cancelados.
«Cuando recibí la llamada en la que me dijeron que se me había concedido la exoneración me emocioné bastante. No me lo esperaba». En enero, tras recibir el alta médica, volvió al trabajo. Ahora habla de comprar una vivienda. De ir al dentista, algo que antes era imposible porque ese dinero se destinaba a pagar deudas.
Pequeñas cosas. Enormes victorias.
Para Bergadà, la relevancia de la sentencia trasciende el caso concreto. «Esta resolución reconoce que la ludopatía es una enfermedad y que, cuando existe buena fe y un proceso real de tratamiento, no se puede penalizar de por vida a la persona por las consecuencias económicas derivadas de esa adicción«.
Y añade algo que debería leerse con atención en los juzgados mercantiles de toda España: «La Ley de la Segunda Oportunidad también protege a las personas con adicciones que deciden asumir su problema y reconstruir su vida. El sistema puede ser sensible a estas realidades y ofrecer una verdadera segunda oportunidad, no sólo jurídica, sino también personal y social».
Son muchas las personas que sufren esta enfermedad en silencio. Sin atreverse a pedir ayuda. Sin saber que existe una salida legal. Sin saber que un juez puede, literalmente, borrar la deuda que generó una adicción que nunca eligieron tener.
Este hombre lo sabe ahora. Y empieza de nuevo.
