La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reunirá este lunes, a las 9 de la mañana y de forma telemática, para decidir si abre expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado.
La cita está fijada. Y sobre la mesa hay un único asunto: si el instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, debe responder por una frase escrita en su auto.
Porque el detonante cabe en una sola línea. El magistrado sostiene que los policías que ejercen de escolta de Gómez podrían ayudarla a fugarse de España.
Esa hipótesis —deslizada en una resolución de 84 páginas fechada el sábado— bastó para que la Permanente encendiera las pantallas un domingo a las diez de la mañana, cosa nada habitual, valorase distintas propuestas y, no alcanzando acuerdo, trasladara la decisión a la mañana del lunes.
La cosa va más allá de un mero estudio. El Consejo baraja abrir expediente por una falta grave amparándose en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Y aquí conviene afinar, porque el precepto tiene doble filo. La Permanente entraría por el punto quinto, pero dejaría fuera el sexto —el que castiga el uso en las resoluciones de expresiones innecesarias, extravagantes u ofensivas desde la perspectiva del razonamiento jurídico—, y lo dejaría fuera por una razón técnica nada menor: ese apartado exige que sea el tribunal superior de quien dictó la resolución el que deduzca testimonio o remita la comunicación.
El CGPJ no puede entrar de oficio por esa puerta. Por la otra, sí.
¿Qué dice exactamente Peinado? En su auto afirma que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
La frase, leída con calma, no apunta solo al agente de guardia. Apunta hacia arriba.
Y ahí reside el segundo frente. La sospecha del instructor no se queda en quien camina al lado de la investigada, sino que asciende por la cadena de mando: insinúa que algún superior podría llegar a dictar órdenes ilegales.
Ese matiz —el de la orden ilegal— es el que ha disparado las alarmas en Interior.
Porque la convocatoria no surge de la nada. Llega después de que el sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, su «más enérgica queja» por las afirmaciones del magistrado.
Para el ministro, esas palabras «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
Marlaska no se detuvo ahí. Subrayó que las sospechas de Peinado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado, «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
Calificó el conjunto de «hecho de máxima gravedad» e instó al Consejo a adoptar «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones», reivindicando, frente a la tesis del juez, la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
Antes que el Gobierno, habían sido los sindicatos policiales quienes alzaron la voz. El Sindicato Unificado de Policía abrió el fuego calificándolo de «inaceptable». Jupol tildó la hipótesis del instructor de «barbaridad» y exigiendo una rectificación que reparase el daño a la imagen del Cuerpo.
La Unión Federal de Policía fue más lejos y reprochó a Peinado deslizar una imputación de conducta delictiva precisamente contra quienes tienen por oficio prevenir delitos.
Y la Confederación Española de Policía elevó el tono hasta hablar de un «ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo».
Queda, pues, la mañana del lunes. A las nueve, la Permanente se sienta para decidir si el instructor del caso Begoña Gómez se sienta, a su vez, en el banquillo disciplinario por una frase escrita en un auto.
