El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias en el denominado ‘caso Plus Ultra’, la adopción de diversas medidas para evitar la «difusión masiva» e «indiscriminada» de sus datos personales durante la instrucción.
Así, a través de un escrito, la defensa del exdirigente socialista reclama, entre otras medidas, la «expulsión de este procedimiento» del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que figuran conversaciones mantenidas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, al considerar que se trata de una actividad «ajena al perímetro» de la investigación.
La petición se produce después de que la UDEF remitiera un informe al magistrado en el que sostiene que Zapatero habría percibido 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de Bolivia, presidido entonces por Luis Arce, con el fin de resolver litigios económicos de una empresa peruana en ese país.
En los anexos de ese informe se incorporaban las agendas completas del expresidente correspondientes a 2024 y 2025, así como cerca de un millar de páginas de conversaciones de WhatsApp mantenidas con su secretaria, documentación cuyo contenido fue posteriormente difundido por diversos medios de comunicación.
Tras ello, el juez Calama acordó investigar el origen de la filtración y restringir el acceso a las diligencias de la instrucción.
Una información «desmesurada» de Zapatero
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, solicita que el magistrado ordene a la UDEF limitar la documentación que acompaña a sus informes a aquella que resulte «estrictamente necesaria» para sustentar sus conclusiones policiales, evitando incorporar íntegramente documentos personales con contenido ajeno a la investigación.
En su escrito sostiene que, a diferencia de lo ocurrido en este procedimiento, en informes anteriores no se habían incorporado íntegramente conversaciones de WhatsApp ni agendas completas de los investigados, por lo que califica esa actuación de «desmesura» que, a su juicio, «nada añade a la real investigación criminal».
Asimismo, considera que la incorporación y difusión de las agendas y conversaciones privadas constituye un «atentado grave» contra el derecho a la intimidad de su representado, al no haberse realizado previamente un expurgo de ese material ni haberse delimitado judicialmente su contenido.
«Siendo grave este desliz, lo es mucho más la absoluta falta de cuidado y de respeto por los derechos fundamentales de mi representado que se muestra en ese informe», afirma el letrado.
Una pieza separada y nuevas medidas de protección
La defensa también interesa la apertura de una pieza separada de expurgo, accesible únicamente para la Fiscalía y la representación de Zapatero, con el objetivo de eliminar toda la información de carácter personal que resulte ajena al objeto de la causa.
Además, pide que se recabe información de los servicios tecnológicos del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial para conocer los protocolos y medidas de seguridad aplicables al sistema en la nube donde se almacenan las diligencias judiciales.
Entre las medidas propuestas figura igualmente la incorporación de marcas de agua en los informes policiales y sus anexos, como mecanismo disuasorio frente a una utilización ilegítima de datos de carácter no público.
En su escrito, Víctor Moreno sostiene que «la vida de Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia», sin una autorización judicial motivada que aprecie indicios de criminalidad sobre hechos concretos.
Asimismo, califica de «voluntarista» y «nebulosa» la definición que la UDEF realiza sobre la supuesta «organización» atribuida al expresidente y considera «incomprensible» que la investigación se centre en la relación profesional que mantuvo con la entidad Focus Social, empresa a través de la cual, según la investigación, habría recibido los pagos por su intermediación en Bolivia.
Por último, la defensa solicita al juez Calama que limite la investigación «exclusivamente a los hechos concretos» relacionados con el ‘caso Plus Ultra’, procedimiento en el que el magistrado atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a la obtención de beneficios económicos en operaciones como el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.
