La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha recordado hoy que «la lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado Constitucional».
Ha sido en su discurso en el solemne acto de apertura de tribunales celebrado hoy en el Salón de Plenos del Supremo bajo la presidencia del Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.
No ha sido articulada como un reproche específico a la fiscal general del Estado, sentada a su lado, por el informe sobre el Estado de Derecho enviado a la Comisión Europea, en el que esa institución criticaba la sentencia que inhabilitó a su antecesor, Álvaro García Ortiz, para ese cargo.
Un envío que llevaron a cabo el pasado mes de agosto y que creó un gran malestar en la Sala de lo Penal que condenó a García Ortiz y entre las filas de la Asociación de Fiscales, que exigió una explicación que nunca fue respondida desde la calle Fortuny, sede de la Fiscalía General del Estado.
Las palabras de la presidenta se han entendido a la perfección. La lealtad institucional «exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás». Como se suele decir, «a buen entendedor».
DERECHÓ A LA CRÍTICA, SÍ, PERO NADA MÁS
Perelló ha reconocido el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. Lo que no es admisible, ha afirmado, es atribuir a los jueces de propósitos políticos o ideológicos, como se podía deducir de la explicación de la Fiscalía sobre la causa contra García Ortiz.
«En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones», ha subrayado.
«Esto es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva. Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho», ha advertido.
Un mensaje que ha tenido destinatarios muy claros también, en el lado político.
La presidenta Perelló ha recordado que la lealtad instituciones exige que los poderes del Estado «respeten la función que la Constitución asigna al poder judicial un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances».
Y ha subrayado que «Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales y que todos los ciudadanos y también poderes públicos actúen sometidos a la ley y el derecho».
«La deslegitimación sistemática de jueces y tribunales, por el contrario, lo erosionan. La confianza en la justicia es un valor que a todos nos incumbe y las críticas en función de intereses partidistas no resultan aceptables», ha remachado.
