Denunciantes de corrupción

El Ejecutivo traspone la Directiva 'Whistleblowing', y no se limita solo a las infracciones que impone la normativa europea.

Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal, analiza las investigaciones internas de las empresas ante posibles delitos.

Solo tres países, Suecia, Malta y Portugal, han hecho los deberes y han transpuesto la Directiva Whistleblowing.

Varias ONG dirigieron una solicitud de información a finales de noviembre a Justicia, pero fue denegada porque el texto es todavía un borrador interno.

En Andalucía la Directiva 'Whistleblowing' se llama Ley de lucha Contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante.

La encuesta de Blueprint For Free Speech muestra un fuerte apoyo público en España a una mejor protección de las personas que alertan.

En España habrá que modificar algunos artículos del Código Penal y algún otro cambio de nuestra normativa de protección de datos.

Esta iniciativa se implementa en Europa, en un momento en el que los países de la UE tienen hasta diciembre de 2021 para transponer la normativa europea.

Así lo refleja un estudio realizado por la ONG 'Blueprint For Free Speech', en colaboración con la consultora internacional IPSOS.

Para reconocer los derechos que asisten a los denunciantes de actos de corrupción, estableciendo un marco de protección integral para la tutela y garantía de sus derechos.