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Ciudadanos lleva de nuevo al Congreso su Ley contra la corrupción

Para reconocer los derechos que asisten a los denunciantes de actos de corrupción, estableciendo un marco de protección integral para la tutela y garantía de sus derechosPlantea prohibir los indultos a condenados por corrupción, proteger a los denunciantes y tipificar el delito de enriquecimiento ilícito; la toma en consideración de esta Proposición de Ley, que firman Inés Arrimadas y Edmundo Bal, se debatirá en el pleno del próximo miércoles. Foto: Pedro Ruiz
| | Actualizado: 15/06/2020 21:58

Ciudadanos lleva de nuevo al Congreso de los Diputados su Proposición de Ley (PL) de Medidas de Lucha contra la Corrupción. Su toma en consideración se debatirá en el pleno del próximo miércoles.

La iniciativa, registrada por Ciudadanos en sucesivas legislaturas, incluye medidas para proteger a los denunciantes de corrupción -o ‘whistleblowers’-, tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y suprime los plazos máximos de instrucción de las causas penales, entre otras cuestiones.

Si la mayoría de los diputados aprobaran la toma en consideración de esta Proposición de Ley, entonces emprendería el camino parlamentario para su conversión en Ley.

Cs la registró por primera vez en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Pleno acordó tramitarla en febrero de 2017 y a final de aquel año terminaron de presentarse las enmiendas.

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En febrero del año pasado, Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado «para tapar sus vergüenzas».

Después, quedó parada en la Comisión Constitucional, sin que se reuniera la ponencia para empezar a debatir las aportaciones de los grupos.

En diciembre de 2019, con el inicio de la actual legislatura, Cs volvió a registrarla como primera iniciativa del grupo parlamentario.

La PL está firmada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso y portavoz de Justicia del partido, abogado del Estado en servicios especiales.

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DESCARGAR  PL DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cs persigue con esta Ley que se establezca «un marco integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupción, para acabar con la impunidad de los corruptos y para proteger a quienes la denuncian en aras del interés general».

Para ello, prevé que a aquellos trabajadores del sector público -o los contratistas que trabajen con él- que denuncien supuestas prácticas corruptas se les garantice el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo.

Asimismo, tendrían derecho a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, a disfrutar de asesoramiento legal y a ser indemnizados por los daños que puedan sufrir por haber denunciado.

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MULTAS DE HASTA 400.000 EUROS

Para tutelar los derechos de los denunciantes de corrupción, Cs apuesta por constituir una Autoridad Independiente de Integridad Pública (AIIP), «como entidad garante de la recta actuación frente a la corrupción del sector público estatal y, en su caso, autonómico y local, así como del sector privado en aquellos casos que lesionen o menoscaben el interés público».

Este órgano, que tendría plena independencia orgánica y funcional, también supervisaría que las autoridades y el personal del sector público estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno, y podría realizar investigaciones -con las cuales será obligatorio colaborar- e imponer sanciones.

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La proposición de ley enumera una serie de infracciones y las clasifica en «leves», «graves», «muy graves». Entre estas últimas, el quebrantamiento de las medidas de protección de los denunciantes y cualquier represalia que se aplique contra ellos, como despedirlos, degradarlos, cambiarles de puesto, bajarles el sueldo, sancionarlos, coaccionarlos o darles un trato desfavorable.

Las infracciones leves se castigarían con una amonestación o con una multa de entre 200 y 5.000 euros; las graves, con una multa de entre 5.001 y 30.000 euros; y las muy graves, con una multa de entre 30.001 y 400.000 euros.

Además, las sanciones económicas podrían ir acompañadas de castigos disciplinarios. Así, las infracciones graves suponen el cese inmediato en el cargo que se ocupe -sin cobrar indemnización por ello- y las muy graves implican, aparte del cese, la prohibición de ser nombrado para ocupar cargos similares por un periodo de entre cinco y diez años.

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INSTRUCCIÓN PENAL SIN PLAZOS MÁXIMOS

Por otro lado, prohíbe que el Gobierno conceda indultos a condenados por delitos de corrupción, reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a los denunciantes de prácticas corruptas y establece el principio de colaboración entre la Agencia Tributaria y la AIIP.

También modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la limitación de plazos máximos en la instrucción penal.

Cs considera que esta medida, aprobada por el anterior Gobierno del PP, ha hecho que las causas más complejas -como suelen ser las relativas a delitos de corrupción- no se puedan abordar y de esa manera queden impunes hechos delictivos.

Precisamente, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá también el miércoles sobre la Proposición de Ley en la que Unidas Podemos vuelve a reclamar la derogación del artículo 324 de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que es el que delimita el plazo para la instrucción de las causas penales a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas.

La Proposición de Ley de Ciudadanos plantea, además, una reforma del Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito -para las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento sustancial de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar- y para extender la figura del decomiso a los bienes y ganancias de las personas que hubiesen sido condenadas por delitos de prevaricación, tráficos de influencias, fraude o exacciones ilegales.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

Dentro de esa reforma, incluye también la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus cargos, empleados, dependientes o representantes.

También pretende modificar la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado para que la AIIP aprecie la idoneidad de los altos cargos, a través de un informe donde juzgue si la persona propuesta cumple con los requisitos de honorabilidad y de formación y experiencia para el cargo.

El objetivo de esta reforma es acabar con el «amplio margen de discrecionalidad» que, según Cs, tiene el Gobierno a la hora de nombrar a altos cargos, introduciendo «unas mínimas garantías de objetividad» con el fin de «prevenir la arbitrariedad, el nepotismo, los conflictos de intereses».

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