España no ha cumplido con el plazo dado por Bruselas, hasta este viernes 17 de diciembre, para incluir en el ordenamiento jurídico de cada Estado Miembro la Directiva EU 2019/1937 que protege los derechos de las personas que denuncian irregularidades (alertadores o “whistleblowers”).
Por ello, se enfrenta al riesgo de que se abra un procedimiento informal de infracción, incluyendo la posibilidad de recibir sanciones económicas, como prevé el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
No sería la primera vez que España es sancionada por esta causa. El pasado 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionó a España por no transponer a tiempo una Directiva de Protección de Datos, por un lado a pagar una multa coercitiva diaria de 89.000 euros, para poner fin al incumplimiento y, por otro, se impuso el pago de 15 millones de euros como medida disuasoria para prevenir futuros incumplimientos.
La ONG Blueprint For Free Speech, según recuerda en un comunicado, solicitó el pasado 22 de noviembre en cooperación con Access Info Europe y otras siete ONG información al Ministerio de Justicia sobre la transposición de esta ley.
Sin embargo, cuatro días después el departamento de Pilar Llop acordó «inadmitir el acceso a la información requerida porque el texto es todavía un borrador interno, si bien es previsible que próximamente se haga público y entonces el interesado podrá acceder a él».
En la resolución, firmada por la Secretaría General Técnica del Ministerio, explican que Justicia «trabaja ya una propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico español de la norma europea. La propuesta de proyecto de transposición constará de exposición de motivos y texto articulado, a los que se adjuntará una memoria explicativa y los documentos complementarios que se consideren necesarios, y que incluirá una tabla de transposición con los artículos correlativos de la Directiva y la propuesta».
Asimismo, indican que «el anteproyecto permitirá el reparto competencial constitucional en la materia dadas las múltiples cuestiones transversales a regular y permitiendo el desarrollo de la norma estatal por parte de las Comunidades Autónomas además de respetar al máximo su potestad autoorganizativa en la materia, a efectos de existencia o creación autoridades independientes en el marco de las competencias autonómicas.
Según la resolución, «próximamente se enviará el texto del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros para empezar a recabar los informes que se consideran convenientes».
«No es una ley de derechas o de izquierdas, es una ley para proteger a los denunciantes, tiene que ver con el buen gobierno, es decir, con la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción», afirma Suelette Dreyfus, directora ejecutiva de Blueprint For Free Speech.
Blueprint For Free Speech y Access Info recurrirán esta decisión del Ministerio de Justicia. Reiteran la necesidad de avanzar de manera participativa con el proceso legislativo en una «materia tan sensible como necesaria» a través de una carta abierta firmada por varias organizaciones.
Las ONGs que apoyan esta propuesta son: Access Info Europe, Fundación Hay Derecho, Plataforma por la Honestidad, Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (ASEBLAC), Acción Cívica contra la Corrupción, Alertadores contra la corrupción.
Recuerdan que la protección de los alertadores podría ayudar a salvar entre seis a nueve billones de euros al año en toda la Unión Europea, según un estudio publicado por la Comisión Europea en 2017.
