Javier Junceda
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Por más que el eco mediático y el interés político hayan proyectado sobre determinados chanchullos académicos su foco, al hilo de acontecimientos recientes ligados a supuestos fraudes en titulaciones universitarias , el asunto viene de lejos.
recuencia con que nuestros jueces contenciosos nos recuerdan que la responsabilidad patrimonial no es un seguro universal que cubra todos los daños, no siempre se compadece con la realidad.
No habrá que esperar demasiado para comprobar los aciagos efectos de una nueva normativa contractual administrativa concebida a espaldas de sus operadores. Si ya era complejo con la derogada ley precisar el alcance de algunas figuras, con la promulgada a finales del pasado año la cosa se complica.
El artículo 31 quinquies del vigente Código Penal (C.P.) excluye de la responsabilidad penal a la práctica totalidad de las personas jurídico-públicas: Administraciones territoriales e institucionales, organismos reguladores, así como aquellas que ejercen potestades públicas de soberanía o administrativas.
No resulta del todo infrecuente la participación de funcionarios docentes con dedicación a tiempo completo en el ámbito profesional de la abogacía. Incluso se han llegado a ensayar figuras institucionales para acomodar esas prestaciones privadas, oportunamente desbaratadas por nuestros tribunales.
La apelación a la legitimidad democrática en lugar de la legalidad como fuente primaria de justificación política, resulta francamente desafortunada.
Javier Junceda analiza la tendencia de ciertas Administraciones Públicas de modificar sus normas fiscales para dar cabida a alzas impositivas.
España acaba de transponer las Las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, a través la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.