Firmas
Nuevas armas frente al abuso en el consumo
El autor de esta columna, Javier Junceda, es jurista y escritor.
16/1/2020 00:00
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Actualizado: 16/1/2020 00:00
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Aunque las competencias en materia de consumo sean en buena medida de incumbencia autonómica, no es baladí recordar las atribuciones -incluso sancionadoras-, que descansan en la autoridad estatal, especialmente las de mayor gravedad.
Si es oportuno o no llevar a la categoría de cartera ministerial lo que hasta ahora se gestionaba desde una mera dirección general o una agencia es desde luego una cuestión genuinamente política, pero si algo así se traduce en un incremento del interés gubernamental en la defensa eficaz de los consumidores, dudo que alguien puede estar en desacuerdo.
Hasta el momento, la frenética actividad de los grupos de presión en los que participan las principales corporaciones internacionales en infinidad de sectores ante las instancias comunitarias se ha concretado en un pobre saldo de eficiencia de la protección europea a los usuarios de innumerables productos.
Los lobbies tecnológicos en Bruselas, por ejemplo, es notorio que llevan décadas impidiendo afrontar como es debido depredaciones como la que a diario se perpetran en dicho ámbito, como sucede con la eufemística obsolescencia programada.
Esta acelera artificialmente el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos para forzar su nueva adquisición en masa por los clientes, sobre lo que no se nos indica absolutamente nada cuando los compramos y a un alto precio.
Francia, desde la perspectiva de los residuos, ha sido hasta el momento la única nación que ha tenido el arrojo de enfrentar a esas auténticas bandas multinacionales dedicadas a engañar al prójimo, aunque también ciertas comunidades autónomas hayan tratado de seguir meritoriamente dicha senda.
El consumo acumula, sin duda, las mayores cotas de malestar ciudadano actual.
Intromisiones ilegítimas a la intimidad, preocupación social…
Las compañías telefónicas y sus problemas irresolubles cuando surgen o sus llamadas intempestivas comerciales a la hora de la siesta o en pleno trabajo; las intrusiones ilegítimas a la intimidad de las tácticas publicitarias en multitud de ventas; o la continuidad de prácticas usurarias de las entidades financieras y de algunos de sus sablistas medios de pago -como las tarjetas revolving-, convierten a este asunto en uno de los que más atención y preocupación social suscita, y por eso quizá proceda detenerse más en él.
Quienes hemos dedicado tiempo a incluir nuestros datos en las listas Robinson, concebidas para blindarnos del acoso publicitario, continuamos recibiendo dichas comunicaciones a diario, ya sea en nuestros móviles o en nuestros correos electrónicos.
Es igual que advirtamos a nuestro interlocutor de la infracción en que incurre, porque nuestra baja de las bases de datos en las que alguien nos inscribió nunca llega.
Y no digamos nada del uso como una simple mercancía gratuita que se hace de nuestros datos, que indudablemente deben de salvaguardarse de la codicia de aquellos que pretenden sacar un petróleo indebido de los mismos.
Las herramientas jurídicas disponibles en materia de consumo deben, por todo ello, ser objeto de nuevas y más enérgicas respuestas desde la Administración.
El interesante sistema arbitral se ha podido haber quedado desbordado ante la generalización de tantos abusos que se llevan a cabo cada hora en cualquier rincón de España, y que no hay manera de evitar a través de los medios hasta ahora conocidos.
El progreso económico, industrial y comercial debe de coordinarse con estos derechos de los consumidores, que deben estar mucho más blindados, porque algo diferente nos sitúa en épocas que creíamos superadas.
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