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“Eterninos” Académicos

Javier Junceda, jurista y escritor, autor de esta columna.
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Deben quedar ya pocos artificios para ensayar en materia de personal universitario público.

A la clásica adulteración del profesorado asociado para ser ocupado por aquellos a los que no se les sacaba la correspondiente plaza de la carrera docente, se han venido sumando con el tiempo los falsos becarios que trabajan como empleados de administración y servicios -e incluso en determinados casos como profesores o investigadores-, percibiendo sueldos precarios por jornadas extenuantes.

Aunque el orden contencioso y el social estén atajando con éxito estas toscas irregularidades -que extraña que no sean antes cortadas por lo sano por los servicios jurídicos o de fiscalización interna universitaria-, continúan sin embargo experimentándose nuevas fórmulas para tratar de sortear la ley por otros flancos, algo que sorprende que se haga en instituciones que debieran ser modélicas en estas cosas.

Ya en otras oportunidades nos ocupamos aquí de diversas figuras, algunas verdaderamente pintorescas, ideadas para esquivar el régimen de incompatibilidades y la dedicación a tiempo completo de los funcionarios docentes, que siguen manteniendo en soledad a las instalaciones universitarias en no pocos campus, en especial en horario vespertino.

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La ingente inversión costeada por los españoles para la creación y sostenimiento de tantísimos inmuebles destinados a los centros superiores de estudio se traduce hoy con alguna frecuencia en despachos con las luces apagadas y sus titulares en paraderos conocidos pero lejanos, aunque desde luego existan meritorias excepciones que confirmen la regla.

CONSECUENCIAS 

A este sombrío panorama, en fin, cabe incluir también al abuso del funcionariado interino entre el personal de apoyo y en el docente e investigador, que ha dejado paulatinamente de responder a la “justificada necesidad y urgencia” prevista legalmente para convertirse en demasiadas oportunidades en el régimen ordinario de provisión del trabajo universitario, afectando hasta a las plazas estructurales de la propia plantilla.

Las consecuencias que de ello se derivan son bien conocidas.

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A la ausencia de estabilidad en el empleo y la prolongación “sine die” de la interinidad -de ahí lo de “eterninos”-, amenazada siempre por la convocatoria de la plaza cuando ya no se tienen las mismas capacidades para superarla, ha de añadirse la retribución aún inferior a la del funcionario de carrera y sobre todo los vaivenes de la doctrina jurisprudencial comunitaria y nacional a la hora de resolver las indemnizaciones que proceda cuando finalicen sus dilatados servicios, si es que procede alguna.

Pero, desde la otra perspectiva, está el poderoso obstáculo que para las nuevas generaciones supone la existencia de grandes bolsas de “eterninos” en la Academia, que deben gozar igualmente de protección por el sistema, liberándoles de esas formidables trabas para el acceso al empleo público de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Con todo, no deja de chocar que esta realidad de interinos se produzca en una Administración Pública, como la universitaria, en la que resultan tan habituales procesos de acceso al funcionariado “sui generis”, especialmente entre el personal docente e investigador, con ese acentuado carácter subjetivo en el que hasta se han llegado a generalizar los candidatos únicos a las plazas, a los que se permite incluso el descaro de elegir quién les habrá de evaluar.

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Como sucede en el sector público en su integridad, urge en el medio académico estabilizar a los “eterninos” con escrupuloso respeto a los criterios constitucionales y legales previstos en la materia, pero también dejando espacio a esas nuevas vocaciones de jóvenes aspirantes a ser empleados públicos y que tienen todo el derecho del mundo de hacerse un lugar en las plantillas.

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Por todo ello, tal vez sea un buen comienzo regresar a la rigurosa verificación de la “necesidad y urgencia” a efectos de dotar estas plazas interinas, impidiendo su recurso estereotipado e indiscriminado, que ya se ha visto lo que produce.

Y tampoco estaría mal aprovechar para dejar de probar atajos en esta delicada materia, por supuesto.

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por Javier Junceda.

Es un prestigioso jurista y escritor, autor de más de un centenar de publicaciones jurídicas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.
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