Con este decreto las empresas que tengan intención de modificar su sede social fuera de Cataluña ante una declaración de independencia, tienen vía libre.
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón sostiene que no se puede descargar "exclusivamente" en los jueces la defensa del Estado.
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) subrayan que "la Constitución no es un límite para la democracia, sino su mayor garantía"
