El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Ignacio González tenía un coste superior a los 1.700 millones de euros.
El TSJM frena el Campus de la Justicia madrileña y abre la puerta a una concentración de sedes más austera
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14/11/2017 06:05
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Actualizado: 14/11/2017 08:16
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Los tribunales dan la razón a Cristina Cifuentes y el Campus Ciudad de la Justicia ideado por Ignacio González, con un coste superior a 1750 millones de euros, no se construirá. El fallo que se ha hecho público este lunes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) así lo corrobora dando la razón a la Comunidad de Madrid tras dos años de espera.
Ahora, la presidenta madrileña apuesta por un modelo más racional de concentración de sedes judiciales en el futuro.
En este contexto cabe recordar que en el 2015 se presentaba un recurso por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid contra la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública que declaraba nula la orden de la Comunidad mediante la cual se decidió mantener en suspenso la concesión del proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Ahora, el propio fallo que es recurrible en casación al Supremo, en treinta días, declara que es conforme a derecho esta orden dictada por el consejero de Presidencia, Ángel Garrido para desistir del procedimiento de adjudicación y concesión de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
En general, la sentencia no comparte los argumentos ofrecidos por el Tribunal de Contratación ni por la mercantil demandada sobre la infracción subsanable, principio de proporcionalidad, fraude de ley, principios de seguridad jurídica, confianza legítima e ir contra los propios actos que alegaron en su día.
«No aceptamos que se incurre en fraude de ley y abuso de poder porque esta postura parte de la premisa de que no ha existido vicio alguno en los actos de preparación de la concesión y de existir, se trataba de infracciones perfectamente subsanables, siendo así que no consideramos que las infracciones cometidas fueran subsanables», subraya el citado fallo.
En el momento que tengamos esta sentencia firma trabajaremos para buscar un nuevo proyecto de concentración de sedes para Madrid Capital
Respecto a las reacciones sobre esta sentencia, Ángel Garrido, Consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, explica a CONFILEGAL, la trascendencia de este fallo judicial que confirma las tesis que en su día la propia Comunidad sostenía “hemos ganado este contencioso tras dos años de espera en el que argumentábamos que estaba viciado de origen. La justicia nos ha dado la razón en nuestro planteamiento”. A su juicio es importante este fallo porque ha supuesto un ahorro patrimonial importante la cancelación de este proyecto.
Ángel Garrido, Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno madrileño.
Sobre el futuro de este tipo de proyectos, Garrido comentó que “seguimos convencidos que es eficaz la concentración de sedes. Tendremos que esperar si alguna de las partes implicadas recurre en casación. Cuando tengamos sentencia firme empezaremos a trabajar en un nuevo proyecto de concentración de sedes para Madrid Capital”.
Respecto a contratos pendientes de resolver señala que “hay algunos pendientes de Campus de la Justicia, con reclamaciones de despachos de arquitectos y con Corsam Corviam, algunos resueltos y otros en fase de resolverse”.
Ha faltado un Plan Alternativo para la concentración de sedes
Para Pilar Llop, portavoz de Justicia del PSOE en la Asamblea de Madrid, “lo peor de este fallo judicial es que se tiene la sensación que se esperaba dicha sentencia y han pasado casi tres años y no hay una alternativa en estos momentos al proyecto fallido de Ciudad de la Justicia. En el presupuesto que ahora debatimos para el 2018 hay un incremento para la construcción de sedes pero no queda claro que exista inversiones para concentración de sedes en Madrid capital”.
Pilar Llop, portavoz de Justicia del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Desde el PSOE se insiste en que no hay una política para “transformar la justicia en el servicio público que demandan los madrileños. Lo que hemos visto hasta ahora es que ha hecho muy poco. Solo se han unificado las sedes civiles y penales de la Audiencia Provincial de Madrid porque se terminaba el contrato de una de ellas”.
Llop revela que en Madrid hay una gran dificultad para encontrar espacios que sean adecuado para las singularidades que tienen las sedes judiciales.
Frente a una política de gastos de alquileres excesiva hay que apostar por la concentración de sedes siempre que se garantice que la justicia es un servicio público
Esta diputada subraya que hay “una política de alquileres exagerada que implica pagar 33 millones en sedes judiciales anualmente. Al mismo tiempo hay una descapitalización del patrimonio judicial; se vendieron las sedes de los juzgados de lo social de Hernani y el edificio de Fernández de la Hoz en el 2007 por 77 millones de euros y esos órganos judiciales tuvieron que alquilar un edificio en Plaza Cubos calle Princesa por el que se pagan 5 millones al año. Son datos de una gestión deficitaria”.
A su juicio, esa falta de espacio puede hacer que se considera contar con el espacio existente de Valdebebas “donde está el edificio que iba a ser destinado a Instituto de Medicina Legal que podría aprovecharse. Es un edificio que supone 176.000 euros de gasto, entre luz, impuestos y seguridad y sería una pena que no se pudiera aprovechar”.
Desde el PSOE se apuesta por la concentración de sedes siempre que se garantice que la justicia es realmente un servicio público “donde todos los operadores jurídicos puedan dar su opinión”, aclara Llop.
El momento de consensuar una nueva Ciudad de la Justicia
Juan Trinidad es el portavoz de Justicia de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. En el último Pleno criticaba la “falta de compromiso del Gobierno regional con el sector de la Justicia de la Comunidad de Madrid, al que siguen dando la espalda”, tras su pregunta dirigida al consejero de Justicia durante la sesión de control en el Pleno acerca de “la evolución de la ‘Mesa para la mejora de la Justicia’ conformada por los grupos parlamentarios y los agentes jurídicos”.
Una Mesa que a su juicio “debería reunirse de forma inmediata para tratar este tema de la Ciudad de la Justicia y ver una salida a este asunto”.
Juan Trinidad, portavoz de Justicia de Ciudadanos en la Asamblea.
A su juicio, tras este fallo “da la sensación que las infraestructuras de Madrid capital quedan ahora en el limbo. Estábamos pendientes de este fallo y ahora con la resolución judicial en la mano es evidente que el proyecto que el anterior presidente madrileño Ignacio González, con un presupuesto superior a los 1700 millones de euros no se ajustaba a la realidad y pecaba de ser megalómano y desproporcionado por su suntuosidad”.
Desde Ciudadanos se sigue pensando que la idea de la Ciudad de la Justicia es viable “con un presupuesto realista”. El modelo del País Vasco es una idea que le gusta a nuestro interlocutor.
El reto está en crear una Ciudad de la Justicia consensuada y sin prisas y a un coste racional
Ahora Trinidad señala que “es el momento que el Gobierno de Madrid se posicione y nos indique que justicia quiere para Madrid. En nuestro caso, creemos que es esencial que haya una concentración de sedes judiciales en la capital de España. Es lo más funcional y creo que todos los operadores jurídicos han coincidido con este asunto”.
Para el portavoz de Justicia de Ciudadanos el reto está en crear una Ciudad de la Justicia consensuada y sin prisas “Hay acordados 115 millones para sedes judiciales fuera de la periferia, ahora es el momento de Madrid Capital”, incide.
Sentencia interesante para Podemos
Por su parte, Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Justicia de Podemos en la Asamblea madrileña señala que “este fallo que pone fin al proyecto Ciudad de la Justicia también pone negro sobre blanco sobre que se produjeron vicios en la concesión de la adjudicación del contrato de construcción de dicho edificio y que las infracciones cometidas no eran subsanables”.
Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Justicia de Podemos en la Asamblea madrileña.
Con ello advierte que “los problemas no estaban en el proyecto inicial, megalómano de Esperanza Aguirre, sino también en el siguiente de Ignacio González que nos vendieron como un proyecto más sostenible”.
Las prioridades de la justicia madrileña no van por el ladrillo y sí por la contratación de personal al servicio de la administración de justicia
La diputada de Podemos recuerda que “la propia Cristina Cifuentes siendo diputada popular de la Asamblea de Madrid defendió con vehemencia ese proyecto aunque ahora reniegue de ello. Con ello vemos que los de hoy son los mismos que estaban ayer en el Partido Popular”. Y desde su punto de vista el PP de Cifuentes no tiene proyecto para la Comunidad de Madrid y tampoco lo tiene en materia de justicia. Nos preocupa su proyecto de ley de suelo que quiere aprobar antes de que acabe este año que puede generar burbujas especulativas”, subraya
Respecto al proyecto de Campus, tiene claro hacia dónde debe ir la justicia madrileña y señala que dicha propuesta “pasará a los anales de la historia como ejemplo de derroche y especulación. Esperamos por ello que el Partido Popular no pretenda seguir por este camino que ha demostrado que es un modelo lamentable para el bien de la ciudadanía madrileña. La justicia tiene otras prioridades que no son la construcción y el ladrillo como es la contratación de personal al servicio de la Administración de justicia”.
Buscar el proyecto definitivo de Ciudad de la Justicia
Desde el sindicato mayoritario CSIF se señala que dicho proyecto Ciudad de la Justicia que ahora tumba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue un plan “que se llevó delante de manera apresurada, sin contar con la opinión de los trabajadores y demás operadores jurídicos y a las puertas de las elecciones autonómico, y que por lo tanto ya nació sin la debida transparencia ni dialogo con los profesionales de la justicia, tal y como ya denunció CSIF en diciembre de 2014” destaca Juan José Carral, su coordinador.
Y subraya que “para CSIF está claro que la agrupación de las sedes judiciales de Madrid capital es absolutamente necesaria y una demanda de todos los sectores implicados en la Administración de Justicia”.
Francisco Lama, máximo responsable de CSIF Justicia Nacional, y Juan José Carral, su homónimo en la Comunidad de Madrid. Confilegal.
También señalan que la mejora de infraestructuras debe ir acompañada de “la inversión necesaria en nuevas tecnologías, dotación de personal, y en materia organizativa y evolución de la oficina judicial”.
CSIF pide que se convoque la Mesa de Trabajo para el Pacto por la Mejora de la Justicia
De hecho las mejoras de esa concentración de sedes supondría que mejoraría la calidad del servicio público que prestamos a los madrileños. Y al mismo tiempo generaría un ahorro importante en tiempo y gastos de desplazamiento a todos los profesionales y ciudadanos, además de la reducción de los costes en gestión y mantenimiento que supondría que todos los órganos judiciales estén concentrados en un mismo espacio”.
Desde este sindicato se insiste en que “cualquier proyecto de este calado, debe contar necesariamente con la participación de todos los operadores jurídicos sin excepción, y se debe desarrollar de manera progresiva, diseñando edificios modernos, eficientes, que permitan adaptarse a las futuras necesidades organizativas de la Administración de Justicia, fácilmente accesibles, y pensados en las necesidades reales de todos, garantizando la seguridad, intimidad y derechos fundamentales”.
Y reclama “al Gobierno que preside Cristina Cifuentes para que de manera inmediata se pongan a trabajar en un nuevo plan de agrupación de las sedes judiciales, que esperamos sea el definitivo, y es aquí donde creemos, cobra más importancia la Mesa de trabajo para el “Pacto para la Mejora de la Justicia”que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y donde estamos presentes sindicatos y demás operadores jurídicos.
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