El endurecimiento en la admisión de recursos en los tribunales contencioso-administrativos, especialmente en casación, ha desincentivado a los recurrentes, dice la décima edición del informe CIJA UAM.
El importe total de sanciones en 2024 alcanzó los 35,6 millones de euros, con casi el 40 % de los procedimientos relacionados con brechas de seguridad.