El bloqueo entre los bloques progresista y conservador —empatados con diez vocales cada uno— continúa sin resolverse desde que se convocaron ambas plazas el 9 de octubre de 2023.
El CGPJ vuelve a intentar sin muchas esperanzas el nombramiento de los presidentes de las Salas Penal y Contencioso del Supremo
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07/5/2025 05:36
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Actualizado: 08/5/2025 08:06
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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este miércoles con un punto espinoso por tercera vez en su orden del día: el nombramiento de las presidencias de las Salas de lo Penal (Segunda) y de lo Contencioso-Administrativo (Tercera) del Tribunal Supremo.
Pese a su importancia institucional, las posibilidades de acuerdo siguen siendo “muy pocas”, según reconocen fuentes internas del órgano.
El bloqueo entre los bloques progresista y conservador —empatados con diez vocales cada uno— continúa sin resolverse desde que se convocaron ambas plazas el 9 de octubre de 2023.
Por el momento, cada sector mantiene sus apuestas: los progresistas respaldan a Ana Ferrer y Pilar Teso, mientras que los conservadores sostienen las candidaturas de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva (este último «progresista»; los dos son los jueces del CNI, Lucas el titular y Martínez Arrieta el suplente) actuales presidentes interinos de ambas salas.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha introducido de nuevo la cuestión en el Pleno tras dar un ultimátum a los vocales para alcanzar un acuerdo en mayo. Advirtió que no se puede permitir que estos nombramientos clave queden pendientes sine die.
No obstante, ni su insistencia ni los precedentes han bastado para desbloquear la situación.
Intereses cruzados y vetos velados
Los conservadores reivindican la veteranía y trayectoria de Lucas y Martínez Arrieta, ambos próximos a la jubilación. Consideran que acceder de forma oficial a la presidencia de sala sería el broche lógico a una larga carrera.
Algunos magistrados, de hecho, no han presentado candidatura «por respeto», sabiendo que estos compañeros ya ejercen interinamente.
Desde el bloque progresista se alega que la excelencia de todos los aspirantes está fuera de duda, pues todos están avalados por el Supremo, y que la elección debe hacerse con base en el proyecto para la sala y el tiempo disponible para desarrollarlo.
En ese sentido, Ferrer y Teso, más jóvenes, podrían agotar el mandato completo de cinco años.
Sin embargo, subyacen otras tensiones: los conservadores rechazan de plano a Ferrer, a la que identifican como “la candidata de Cándido Conde-Pumpido”, mientras que Perelló no es afín a Pilar Teso; no llegar a vetarla formalmente pero no tiene su apoyo cerrado.
También hay división sobre cómo aplicar la paridad: los progresistas quieren que estas dos plazas sean para mujeres, mientras que los conservadores interpretan la regla desde una perspectiva general de carrera judicial, no en bloques de nombramientos.
Un posible voto fallido y el riesgo de reinicio
Este nuevo intento de votación —que requerirá una mayoría reforzada de al menos 13 votos— podría servir únicamente para iniciar el cómputo.
Según el artículo 44 del Reglamento del CGPJ, si se agotan tres votaciones sin acuerdo, el procedimiento puede reiniciarse y abrirse a nuevos candidatos. No obstante, esta interpretación no es pacífica: también aquí hay división sobre cómo aplicar la norma en votaciones que exigen mayoría cualificada.
Sería la primera vez que se llega a una votación, ya que en los dos plenos anteriores Perelló se vio obligada a retirar este punto del orden del día. La primera ocasión fue el pasado 26 de febrero, cuando sí logró que se nombraran las presidencias de las Salas de lo Civil (Ignacio Sancho, conservador) y de lo Social (Concepción Ureste, progresista).
Aquella maniobra dejó al sector progresista con la sensación de que se troceó un “pack” de cuatro presidencias y se entregó al bloque conservador la ventaja de la interinidad en las dos salas más sensibles.
El segundo intento fue el pasado 1 de abril, cuando el asunto se volvió a retirar por falta de consenso, aunque se aprobaron 18 nombramientos discrecionales, incluidos los de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Asturias y Murcia.
Salas clave en el equilibrio institucional
Los cargos en juego no son menores. La Sala Segunda (Penal) es la encargada de investigar y, en su caso, juzgar a los altos cargos aforados, incluidos ministros, senadores, diputados o el fiscal general del Estado. La Sala Tercera (Contencioso-Administrativa), por su parte, es la que controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo, a través de los recursos administrativos que se plantean contra ellas.
Por tanto, mantener estas presidencias en situación interina afecta a la estabilidad institucional del alto tribunal y proyecta una imagen de parálisis en el órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de cinco años en funciones.
El Pleno de este miércoles podría ser una nueva oportunidad perdida. Pero también puede ser el punto de partida hacia un acuerdo o, al menos, hacia el primer recuento fallido que obligue a mover fichas. Todo dependerá de hasta dónde estén dispuestos a ceder los bloques enfrentados.
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