La defensa alega que han pasado tres meses desde la anterior resolución denegando la libertad, y que el encausado ya lleva nueve meses en prisión provisional.
La sentencia del Supremo pone fin al contencioso abierto por la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas y la Asociación Independiente de Registradores de España.
La magistrada aplica la minoración de los porcentajes siguiendo la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en la sentencia de 2 de noviembre 2022.
García Ortiz puede seguir siendo fiscal general del Estado porque no ha superado los dos años al frente de este órgano, límite que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para no poder continuar.