El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impone la publicidad de cualquier información comunicada por los licitadores, con la única excepción de los secretos empresariales.
Han estimado el recurso de queja de Rajoy y han dispuesto que se le tenga por personado en la comisión rogatoria del Principado que tramita el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.
