Se une así al ‘caso Topillo’, iniciado en 2017, en el que se investigan supuestos vertidos continuados de salmueras que van a parar a la laguna litoral.
Esta decisión del juez de vigilancia penitenciaria no será efectiva hasta que sea firme; en caso de que la recurriera la Fiscalía, será la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca quien tenga la última palabra.
El despacho afirma que se puede reclamar no solo por el carácter usurario de las tarjetas 'revolving' sino también por falta de transparencia y abusividad.
La Fiscalía presentó el pasado julio una denuncia contra 7 responsables de Metro por la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.
Movimiento contra la Intolerancia reclama una Ley Integral contra los delitos de odio, una Ley General para la Igualdad de Trato y una reforma del Código Penal para "universalizar la protección de las víctimas de delitos de odio".