Destaca que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la "aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley", con un juicio celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes", lo que sólo puede ser interpretado como "la más viva afirmación" del Estado de Derecho.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel y una multa de 54.750 euros para cada uno de los 8 acusados, entre ellos también un primo de éstos y un supuesto testaferro.
Francisco Ojuelos, abogado experto en litigación administrativa y derecho alimentario, explica cuáles son las vías legales para reclamar judicialmento.
