Reclamado por presuntamente pagar unos 48.000 euros a una juez de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai Colombia Automotriz.
El tribunal confirmó en abril el procesamiento de ambos por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.
