Aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”. Foto: La Sexta
La Fiscalía pide que se investigue a Podemos solo por sus contratos con Neurona
Tras la denuncia de Calvente
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08/9/2020 10:08
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Actualizado: 08/9/2020 11:24
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido que se siga adelante con la investigación a Podemos tras la denuncia del abogado José Manuel Calvente, pero solo en lo referido al contrato suscrito ente el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril y al que alude el Tribunal de Cuentas en su informe 1380.
Así lo ha solicitado en el escrito que ha dirigido al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 42, Juan José Escalonilla, sobre el auto en el que acordaba la apertura de diligencias de investigación relacionadas con determinadas actividades del partido del vicepresidente Pablo Iglesias.
Sobre las otras cuestiones denunciadas por el excoordinador legal de Unidas Podemos José Manuel Calvente, que iban desde malversación a administración desleal, entre otros delitos, el representante del Ministerio Público reseña que algunas de ellas son “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.
Este procedimiento arrancó a raíz de una denuncia presentada por Calvente, quien trabajó como abogado en el partido desde el 1 de agosto de 2014 al 2 de diciembre 2019, y en la que ponía de manifiesto la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos en el seno de Podemos.
Aludía a cuatro: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular; el acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (la abogada Marta Flor Núñez); la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación “a dedo” de las obras de acondicionamiento de un inmueble de la c/Francisco Villaespesa 18 de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.
En cuanto a los contratos con Neurona, la Fiscalía sí aprecia la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”.
El representante del Ministerio Público rechaza el carácter “prospectivo” del hecho investigado porque “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ad hoc para la prestación del servicio”.
Explica que de la información bancaria remitida, resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas, Creative Advice Interactive, por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”.
Señala que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón…), así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial .
La Fiscalía también rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, una circunstancia que a juicio de la formación política le generaría indefensión, porque “si lo desea la parte ahora apelante no tiene más que solicitar una copia”.
Asimismo, descarta la obtención ilícita por parte del denunciante de la documentación aportada a la causa dado que su relación laboral con Podemos “no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a portación de documentación relativa a cuestiones internas del partido”.
Incluso niega que se trate de una investigación prospectiva como alega la Podemos.
Calvente también se refería en su denuncia a una serie de actos preparatorios que, a su juicio, servirían como indicios de la comisión de hechos delictivos.
Citaba, por ejemplo, el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, el nombramiento de la nueva gerente, el cese del antiguo responsable de compras y el nombramiento del nuevo, la falta de aprobación del presupuesto de 2019 y presupuestos de las campañas electorales de 2019, el aumento de salarios de tesorero y gerente por encima de los límites éticos fijados por el partido así como abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados y la desaparición de la auditoria externa y falta del control del gasto.
La Fiscalía entiende que si bien estos hechos pueden ser “discutibles” desde el punto de vista ético o de la transparencia, “es claro que no revisten caracteres de delito”.
Algo parecido ocurre con la mención que se recoge en la denuncia sobre los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido. La Fiscalía recuerda que fue la propia formación quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales.
De acuerdo con la fecha de los hechos denunciados, según recoge el escrito presentado ante el juez, estaba en vigor esa normativa interna donde el límite se fijó para el año 2019 en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo.
El Ministerio Público subraya que de las nóminas aportadas por el denunciante, ninguna supera el límite fijado en 2019 por el propio partido, salvo el de una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.
“No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde”, precisa la Fiscalía.
Es más, afirma que el cobro de cantidades por parte de trabajadores del partido por encima de las cantidades que el propio partido había fijado como límite ético podrá ser “discutible” desde su normativa interna, pero “no constituye hecho típico alguno”.
“Más aun, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna”, añade.
Respecto a la adjudicación de fondos a #404, Calvente sospecha de la entidad porque al buscar información en su página web, ésta carecía de avisos legales, información sobre el titular o política de privacidad.
El denunciante entiende que detrás de esta entidad pudiera estar el diputado Rafael Mayoral por cuanto intuye la intervención de una tercera persona que es asesor de una eurodiputada de Podemos.
Al respecto, la Fiscalía afirma que una vez examinada la página web “se trata de una asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales”.
Puntualiza, además, que no hay ningún indicio de que Mayoral se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas “por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet”.
Por otra parte, sobre el acceso inconsentido al disco duro de la abogada Marta Flor, el representante del Ministerio Publico señala que “teniendo en consideración la ausencia de denuncia de la persona afectada (…) no se puede acordar ninguna diligencia al respecto puesto que es necesaria la denuncia del perjudicado».
Sobre sobre la adjudicación “a dedo” denunciada por Calvente de las obras de acondicionamiento del inmueble de la calle Villaespesa de Madrid, la Fiscalía se remite a la normativa en materia de contratación de los partidos políticos.
Explica que, pudiendo hacerlo, Podemos optó por el procedimiento de urgencia porque “al parecer”, según Calvente, concluía el periodo de arrendamiento de la oficina de la calle Princesa.
La Fiscalía manifiesta que de la infracción aportada, resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación “con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos”, pero que dicha circunstancia no reviste carácter delictivo.
Otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros y el de licitación era de 649.936,68 euros. Dado que la Fiscalía no cuenta con ningún elemento más para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza del precio final, se remite a la declaración del denunciante en sede judicial cuando señaló que “el presupuesto era muy inferior al valor real de las obras y que se bajó el importe para adjudicarlo a quien querían”.
El Ministerio Público aprecia que “ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo”.
Y alude a la falta de referencias sobre la existencia de vínculos personales o patrimoniales injustificados que determinaran la adjudicación “a dedo” por cantidades muy superiores a las que pudieran corresponder a las obras.
Sobre los supuestos contratos “fraudulentos” con ABD, denunciados por Calvente, y en los que Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía afirma que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de “rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante”.
Para la Fiscalía, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la “clara” animadversión del denunciante, “es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática”.
CALVENTE DECLARARÁ ANTE EL JUEZ DE ‘DINA’ EL JUEVES, POR VIDEOCONFERENCIA
José Manuel Calvente declarará el próximo jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, en relación con la pieza ‘Dina’, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de sus datos.
Declarará por videoconferencia desde Barcelona.
El que fuera coordinador del equipo legal de Podemos afirma que el ‘caso Dina’ fue un montaje.
Calvente fue despedido de Podemos en diciembre de 2019 tras la acusación de Marta Flor, otra de las letradas del partido y asimismo representante de Bousselham -y hasta hace unas semanas de Pablo Iglesias- en la pieza 10 del ‘caso Villarejo’, por acoso sexual y laboral, justo cuando Calvente investigaba posibles irregularidades contables en el partido.
El pasado 29 de julio, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras la querella presentada por Flor contra su excompañero del equipo legal de Podemos, al no detectar indicios de acoso.
Paralelamente, el abogado denunció las supuestas irregularidades contables, que están en manos del titular del Juzgado de Instrucción 42.
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