La pequeña Sara, de 4 años, era hija de padre rumano. Roberto Hernández, su asesino y violador, era miembro de un grupo neonazi y odiaba a los extranjeros.
Agentes de la policía judicial colombiana afirman que el fiscal general dimitido montó un sistema de escuchas ilegales, según publica "La Nueva Prensa".
El sindicato alega que la norma vasca pretende “someter a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una justicia paralela que permitirá declararles como torturadores sin intervención alguna del Poder Judicial".