Concentración de representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y víctimas del terrorismo de ETA ante la Cámara Vasca el pasado 4 de abril en Vitoria contra dicha ley que consideran "inconstitucional".
El Supremo admite a trámite el recurso del SUP contra la ley vasca de ‘abusos policiales’
El sindicato alega que la norma vasca pretende “someter a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una justicia paralela que permitirá declararles como torturadores sin intervención alguna del Poder Judicial"
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24/5/2019 15:12
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Actualizado: 24/5/2019 23:36
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), contra la ley vasca de «abusos policiales», según ha informado hoy el portavoz de este sindicato, Ramón Cosío.
En dicho recurso, el SUP cuestiona la «legitimidad y capacitación» de la comisión de expertos que contemplaba la Ley 12/2016 de 28 de Julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’ , también conocida como Ley vasca de «abusos policiales», para valorar a las posibles víctimas de «abusos policiales».
Alega que la norma vasca pretende “someter a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una justicia paralela que permitirá declararles como torturadores sin intervención alguna del Poder Judicial, quebrantando así el principio de igualdad ante la Ley y la potestad exclusiva de los jueces para enjuiciar actuaciones o conductas delictivas”.
Esta ley no se aplicó tras ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP, pero este año ha sido modificada parcialmente y el pasado 4 de abril salió adelante con los votos a favor del PNV y el PSE-EE y las abstenciones de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en la mayoría de los artículos, mientras que el PP se posicionó en contra.
Sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y víctimas del terrorismo denuncian que pretende «rescribir» la historia «para satisfacer a la izquierda abertzale y al mundo nacionalista».
El SUP presentó el recurso de casación ante el Supremo el pasado 7 de abril.
A finales de julio de 2018 recurrió la creación de esta comisión de expertos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La demanda fue admitida a trámite y el SUP la formalizó en septiembre. Al recurso se sumaron más sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y colectivos de víctimas, pero finalmente el recurso fue desestimado por el TSJPV el pasado 28 de febrero.
Según ha señalado hoy el sindicato en un comunicado, el TSJPV, «con un argumento difícilmente entendible, estableció que el SUP, legítimo garante de los derechos de los policías nacionales, como así se evidencia con su representación ante el Consejo de Policía, no estaba capacitado jurídicamente para su personación en defensa de lo que ha resultado ser una burla hacia las únicas víctimas del terrorismo, las asesinadas por ETA».
Indica que «por esa razón, esta organización se congratula doblemente» por la decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo de admitir a trámite su recurso.
Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía.
El SUP también informa que a lo largo de esta semana ha mantenido sendas reuniones con los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Cs, y VOX en la comunidad autónoma vasca para transmitirles su «frontal rechazo tanto a la retirada del recurso de inconstitucionalidad tramitado en su momento contra la denominada ‘Ley de Abusos Policiales’, como al nuevo articulado presentado en septiembre de 2018″.
Cuenta que en todas ellas ha trasladado a los partidos el creciente malestar entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), así como la «preocupación» que en ellos genera el «falso relato elaborado e impulsado por nacionalistas e independentistas, que, a través de una comisión parajudicial y parcial, impulsada desde la propia Administración Pública y que no ostenta capacitación específica para asumir ese cometido, tratando de equiparar a los etarras y a su entorno con las víctimas que el terrorismo vasco dejó tras de sí durante los últimos 40 años».
?@Sup_Policia mantuvo reuniones con @maitepagaza, @IdoiaMendia, @vox_guipuzcoa y @AlfonsoAlonsoPP y manifestamos nuestro #NoLeyAbusosPoliciales
?Conseguimos que Tribunal Supremo admita a trámite nuestro recurso contra esta ley#40AñosConquistandoDerechos pic.twitter.com/xMqRfXmket— SUP (@Sup_Policia) 24 de mayo de 2019
El SUP subraya que la «pretensión de reescribir la historia mediante informes o testimonios parciales, carentes de pruebas, basados en muchos casos en denuncias desestimadas por los órganos judiciales en su momento, no sólo erosionan la imagen de dos de las instituciones mejor valoradas por los españoles año tras año, Policía Nacional y Guardia Civil, sino que constituye un atentado contra la dignidad de todos los que directa o indirectamente padecieron las irreparables consecuencias del terrorismo de ETA».
Cuenta que durante esas reuniones también ha trasladado a los grupos parlamentarios la necesidad de incentivar la permanencia de los policías nacionales en aquellas comunidades en las que los movimientos independentistas «representan una amenaza para la estabilidad del Estado» y «buscan, como estrategia, la estigmatización y señalamiento de los miembros de las FFCCS y sus familias».
«Una actuación en otro sentido por parte del Gobierno supondría hacer cesiones que, a medio plazo, diezmarían la capacidad de actuación en estas zonas del territorio nacional, dando lugar a situaciones comprometidas similares a las acaecidas en Cataluña», concluye.
EL SUP TAMBIÉN ANUNCIÓ UNA QUERELLA CONTRA EL DIPUTADO DE BILDU QUE COMPARÓ A POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES CON ‘NAZIS’
En el debate en el que el pasado abril se aprobó la ley vasca de «abusos policiales», el diputado de Bildu Julen Arzuaga comparó a los policías y guardias civiles con «nazis», y el SUP anunció que se querellaría contra él.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también denunció a Arzuaga ante la Fiscalía General del Estado. La asociación Dignidad y Justicia también presentó una denuncia contra Arzuaga por presuntos delitos de odio y de humillación a las víctimas del terrorismo, y el Sindicato Profesional de Policía (SPP).
Por su parte, Arzuaga se querelló contra Jusapol y Jucil, a los que acusa de supuestos delitos de «atentado, injurias y amenazas».
#LoMásVisto | Bronca en el Parlamento Vasco después que Bildu comparase a organizaciones policiales con «nazis de Nuremberg»: «Ustedes son los franquistas que luchan para que no haya reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos» https://t.co/Nss0l0wrjJ pic.twitter.com/HXwhQXTK9Z
— Europa Press (@europapress) 4 de abril de 2019
El SUP presentó un acto de conciliación en abril en los Juzgados de Vitoria, por presuntas injurias y calumnias de Arzuaga contra los miembros de la Policía Nacional.
En el acto de conciliación, requisito legal establecido previo al procedimiento penal, el SUP le reclama que justificase los motivos que le llevaron a realizar tales declaraciones y que pida perdón públicamente por ellas, «para reparar el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo, y de los policías».
También le solicita que abonara 3.000 euros en el plazo de una semana «por los daños morales sufridos», los cuales se destinarían íntegramente a la Fundación de Huérfanos de la Policía.
Ramón Cosío, portavoz del SUP, ha informado hoy a Confilegal, que todavía no se ha resuelto este acto de conciliación.
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