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El SUP pide al Defensor del Pueblo que se persone contra la ley vasca de ‘abusos policiales’

COMO PACTÓ EL GOBIERNO CON EL EJECUTIVO VASCO, EL CONSEJO DE MINISTROS ACORDÓ SU RETIRADA El SUP le demanda que se persone en el recurso y no se convierta "en cómplice de un acuerdo político" cuya consumación provocará "una indecente vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley de todos los españoles, al honor, y a la presunción de inocencia". Confilegal.
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que se persone en el procedimiento de inconstitucionalidad contra la denominada Ley vasca de ‘abusos policiales’ para impedir el archivo del recurso presentado por el anterior Gobierno contra esta norma.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 3 de agosto su retirada.

El SUP también ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la creación de una comisión de expertos que contempla esta ley para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales, que ha sido admitido.

Este sindicato policial, en nombre del grupo de trabajo que se constituyó en contra de la retirada del recurso, ha enviado una misiva al Defensor del Pueblo en funciones con esta demanda.

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En ella, critica que la retirada del recurso por parte del Gobierno se debe “a los acuerdos políticos” entre el PSOE y el PNV, y asegura que el precio que ha admitido pagar el Ejecutivo de Pedro Sánchez con esta decisión “ha consistido en el sacrificio de la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la dignidad de las víctimas del terrorismo”.

También denuncia que la comisión de valoración sobre torturas no tendría las necesarias garantías constitucionales y legales, y que “los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad afectados por las declaraciones” de la citada comisión de valoración “se verán sujetos a una doble justicia”.

Además, destaca que el acuerdo entre ambos gobiernos en la comisión bilateral “carece de validez jurídica”, ente otras razones porque no puede sustentar una decisión de desestimiento de un recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia fue avalada por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado.

Subraya que la comisión bilateral no puede adoptar acuerdos con eficacia jurídica “bajo ningún concepto” con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucional. Y sostiene que de archivarse el recurso “se habrá permitido que en el País Vasco, a diferencia del resto del territorio español, pueda existir una justicia paralela”.

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El SUP detalla que el acuerdo carecería de validez puesto que según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, la Comisión Bilateral de Cooperación entre Madrid y el gobierno vasco, no podría adoptar acuerdos más allá del plazo de los 9 meses, que, como máximo, puede demorar el Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad a contar dentro de los 3 meses siguientes desde la publicación de la Ley autonómica en el BOE y en el Diario Oficial de Euskadi.

Por ello, clama al Defensor del Pueblo en funciones que se persone en el recurso y que no se convierta “en cómplice de un acuerdo político” de ambos ejecutivos cuya consumación provocará “una indecente vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley de todos los españoles, al honor, y a la presunción de inocencia”.

La Ley 12/2016, de 28 de julio, ‘de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’, salió adelante en la Cámara vasca con los votos del PNV y PSE-EE, EH Bildu se abstuvo, y PP y UPyD la rechazaron.

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El recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno se apoyaba en la vulneración de los derechos fundamentales al honor, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, recogidos en la Constitución. También en la vulneración de la distribución de competencias entre Estado y el gobierno vasco, de competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia.

Se oponía a todo lo referente a supuestos abusos policiales y tortura, que los tribunales de Justicia no han sido capaces de determinar.

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El Consejo de Ministros acordó desestimar este recurso tras pactar el presidente, Pedro Sánchez, con el gobierno vasco modificaciones sobre los preceptos en los que había “dudas” de su constitucionalidad.

Según explicó el portavoz del gobierno autonómico, Josu Erkoreka, el pasado 24 de julio, en la comisión técnica bilateral de cooperación el gobierno vasco se comprometió a introducir “un conjunto de modificaciones” en la norma para que no se invadan competencias del Poder Judicial y no se haga “un señalamiento de culpas”, que “tenga una finalidad reparadora para las víctimas de abusos policiales”, sin que la comisión de valoración constituida para ello pueda investigar los casos y sustituir la actuación de los órganos jurisdiccionales.

El acuerdo entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico vasco tuvo lugar escasos días después de que el Tribunal Constitucional anulase los artículos esenciales de Ley Foral navarra 16/2015, de 10 de abril, de ‘reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, también recurrida por el PP, al estimar que invaden competencias exclusivas del Poder Judicial, dado que tenía como objetivo indagar y esclarecer los casos.

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Tras la oficializarse la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de ‘abusos policiales’, el ejecutivo de Iñigo Urkullu tendrá que promover en el Parlamento vasco la reforma de la norma.

Esta ley vasca de ‘abusos policiales’ cuenta con el rechazo del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y de seis asociaciones de la Policía y la Guardia Civil: el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Unión Federal de la Policía (UFP), la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC).

El pasado 2 de agosto mandaron un escrito al ministro del Interior, Fernándo Grande-Marlaska, rogándole que no se retirara el recurso de inconstitucionalidad.

Advirtieron de la “injusticia” e “inmoralidad” que supondría su retirada contra esta ley basada en el “relato del conflicto” y en la construcción de una “memoria alternativa” para “blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo”.

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha destacado que la retirada del recurso resulta “aún más injustificada” tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional en la que “se ha declarado inconstitucional la mayor parte” de la Ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, “cuyo contenido es prácticamente idéntico a la ley vasca en muchos de los preceptos anulados”.

ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA AL PAÍS VASCO

El presidente del Gobierno también pactó el pasado 25 de junio con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco, además de para analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes, según informó Urkullu tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico vasco, Íñigo Urkullu, en la reunión mantenida el pasado 25 de junio, en la que pactaron crear una comisión bilateral para acercar presos etarras a cárceles vascas. EP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez que no permita el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas.

El ‘popular’ ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley que “preserve la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo” y evite cualquier “beneficio u homenaje a los asesinos”, que prohíba cualquier tipo de enaltecimiento al terrorismo.

Desde el Gobierno han expresado que el Ejecutivo mantiene su intención de cumplir la legislación penitenciaria que ampara el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles vascas y navarras.