Otra de las vertientes del problema de la justicia en nuestro país, con juzgados sobrecargados y litigios interminables, ha llegado a la abogacía. En un escenario global de cambios, los profesionales del Derecho están modificado su forma de trabajar de manera notable.
La evolución de este colectivo profesional, está siendo evidente como queda señalado en la campaña “Al primer síntoma, consulta a tu abogado”, impulsada desde el ICAM, Colegio de Abogados de Madrid, que hemos visto en Internet y que este otoño tiene su continuación en autobuses, metro y algunas emisoras de radio.
El eje argumental de la mencionada campaña tiene que ver con la prevención. Se trata de orientar al ciudadano de la necesidad de acudir a un letrado en el momento que perciba algún problema para sus intereses.
En este sentido, el símil de comparar al abogado por un médico es bastante acertado. Ambas son profesiones que viven muy de cerca los problemas de sus pacientes. De la misma forma que es más fácil luchar contra un pequeño catarro frente a una neumonía, ahora se señala la idoneidad de resolver los pequeños conflictos antes de que se hagan más grandes.
En un universo tan complicado y judicializado por preferentes, cláusulas suelo, separaciones familiares y otras cuestiones que han entrado en la vida de las personas, el abogado ha dejado de ser el profesional que acompaña a éstas en un interminable juicio, para tener otro papel más activo de búsqueda de soluciones menos gravosas y complicadas.
En esta situación, los datos corroboran la iniciativa del ICAM, según el propio Consejo de Europa sobre los sistemas judiciales señala que el plazo medio para resolver una demanda civil ante un tribunal español de primera instancia fue en el 2008 de 296 días, sólo superado por Portugal (430) e Italia (533). Con apelación se puede superar el año y suponer un coste económico importante para el litigante.
Ir a un tribunal no es barato. Y siempre que uno pierda puede ser condenado en costas, asumiendo el coste de la defensa de la otra parte, salvo en procedimientos de familia y laboral, ésta en primera instancia, lo que puede hacer que ese pleito se encarezca notablemente.
Pese a que el Tribunal Constitucional en su sentencia de julio de este año, publicada el pasado 15 de agosto en el BOE ponía en tela de juicio las tasas judiciales por su cuantía, no acababa de suprimirlas de los asuntos de pymes y empresas.
Es más, tras la lectura de ese fallo, parece que el Alto Tribunal está más preocupado en que se creen unas tasas justas en su cuantía, que los daños que han hecho a muchas personas que no pudieron reclamar sus legítimos intereses por la aplicación de dichas tasas en los últimos años.
Es, pues el momento de apostar por la prevención. A este respecto, esta nueva forma de actuar de nuestros abogados está suponiendo un cambio cultural de mentalidad muy importante. Igual que las empresas buscan minimizar los conflictos para evitar que su actividad profesional no se detenga, el propio letrado recoge esas inquietudes y busca que ese conflicto se solucione lo antes posible y de la forma más rápida.
El buen abogado ya no será aquel que hereda pleitos de sus antecesores, como en alguna reunión de profesionales hemos contemplado. Aquel abogado que sepa gestionar de forma preventiva los conflictos, buscando la solución más adecuada, será realmente el que tenga hueco en el mercado.
Ser eficiente es otro concepto en un panorama donde pese a los esfuerzos de diferentes administraciones nuestra justicia sigue sin arrancar en los últimos veinte años.
Sin juzgados creados en los últimos cuatro y con la menor ratio de jueces por habitante de la UE, 11.2 por cada 100.000 habitantes ante la media de 21 en otros países de nuestro entorno, parece evidente que hay que enfocar la conflictividad judicial de otra forma.
En este concepto de abogacía preventiva, de soluciones adecuadas a la característica del asunto, se ven beneficiadas de manera directa los llamados métodos extrajudiciales como el arbitraje y la mediación, aún sin cuajar en nuestro país pese a su rapidez y coste menor que los procesos judiciales.
Es un buen momento para que estas prácticas las asuman los abogados en su portfolio de servicio y que sean aplicadas en aquellos asuntos donde puedan ponerse en marcha. Ha llegado, pues el momento del cambio de chip en el abogado.
Ya no podrá mantener de forma casi interminable el proceso en su via judicial, sino que se le pide que sea eficiente y encuentre la solución más adecuada a cada tema.
La abogacía preventiva pide paso en los despachos en este contexto tan judicializado que vivimos ante ciudadanos y empresas, cada vez más informados, gracias a Internet y nuevas tecnologías, de lo gravoso que supone acudir a la justicia.
Es, pues un momento de cambio importante de mentalidad en nuestros letrados que deben asumir de forma natural sabiendo que la competencia está en ello. Trabajar de forma eficiente y empatizar con el cliente será fundamental para mantener y aumentar la cartera de clientes.
