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Catalá y el «charco de Gallardón»

Catalá y el «charco de Gallardón»
Carlos Berbell es director de Confilegal.
03/5/2015 11:41
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Actualizado: 05/5/2021 13:00
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La mayor parte de los políticos que han alcanzado un nivel de relación con los periodistas suelen sufrir dos espejismos.

El primero de ellos es el espejismo de que ellos saben de comunicación.

De verdad.

Saben cómo construir titulares, frases con gancho, que luego repetirán las televisiones, radios, agencias, diarios y medios periodísticos digitales. Se consideran, en su fuero interno, expertos en comunicación.

El segundo espejismo es que son “amigos” de los periodistas.

Por lo tanto, nada les puede pasar porque “su amistad” les protege.

Pueden plantear cualquier cosa. Nada les puede pasar. Porque llevan algo así como un “chaleco a prueba” de balas.

Están equivocados.

El ejemplo más evidente es el de Rafael Catalá, ministro de Justicia.

El pasado miércoles, 29 de abril, se descolgó públicamente por “someter a debate y reflexión” si se debía sancionar la filtración de informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario y a los medios de comunicación por publicarlas.

Fue en un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Para salvaguardar la presunción de inocencia de los imputados –en el futuro, “investigados”.

Para que, al próximo, no le ocurra lo mismo que a Rodrigo Rato, exvicepresidente del último gobierno de José María Aznar y expresidente de Bankia.

Por cierto, que la operación la llevaron a cabo efectivos de la Agencia Tributaria, cuyo jefe supremo es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

A poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, para el Partido Popular eso fue como pegarse un tiro en el pie.

Con una escopeta recortada y a 15 centímetros de distancia.

Catalá se metió en el peor de los charcos, el solito: “el charco de Gallardón”.

Sin consultar a nadie.

Pensando que su propuesta iba a ser valorada como correspondía, con mesura y con respeto por los medios de comunicación.

Se equivocó. Los espejismos se evaporaron y se dio de bruces con la realidad de la forma más dura posible.

Porque abrió públicamente un debate que al Partido Popular no le viene nada bien en estos momentos. Cuando tiene frentes judiciales abiertos tan conocidos como los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica y, por supuesto, Bankia, y Rodrigo Rato, por citar algunos.

La respuesta de los medios de comunicación fue a “lo Fuenteovejuna”, ¡todos a una».

Porque esa había sido la propuesta de Gallardón, contenida en el “non nato” código procesal penal del dimitido ministro, elaborado por un grupo de expertos.

El código procesal penal que iba a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.

Contenía un proceso de pensamiento muy simple: eliminando las filtraciones, eliminando la información que producen, se elimina, en gran parte, la corrupción.

Si no hay información no hay corrupción. Al menos, percepción de corrupción.

El artículo 132 de ese proyecto de código procesal penal autorizaba a los jueces o tribunales a vetar a los medios noticias sobre investigaciones judiciales, cuando la información pudiera “comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados”.

Según un informe elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, “El incumplimiento de la orden judicial puede tener consecuencias penales”.

O sea, multa o cárcel para los periodistas.

Rafael de Mendizábal, exmagistrado del Tribunal Constitucional, exmagistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Audiencia Nacional, uno de los grandes juristas de nuestro tiempo, se pronunció entonces de forma tajante sobre “el charco de Gallardón”: La violación del secreto del sumario es una infracción atribuible a los funcionarios judiciales que los cometan, pero nunca al periodista que lo publique. El juez tiene el deber de sigilo y el periodista de no sigilo. No se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes y no cometa delito.”

Catalá reculó a toda velocidad esa misma tarde-noche del miércoles, aclarando que no defendía la idea de penalizar a los medios de comunicación por publicar el contenido de sumarios secretos.

Que lo que pretendía era provocar una reflexión para encontrar un equilibrio razonable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales.

Al día siguiente, jueves, el ministro madrugó y se presentó unos minutos en el Forum de la Nueva Economía, donde Consuelo Madrigal iba a dar una conferencia, para –otra vez- aclarar a los medios que «no tenemos ninguna propuesta para sancionar a los medios de comunicación. En absoluto. Las sanciones no están en la agenda del Gobierno».

Luego se marchó.

Si pensaba que había conseguido apagar el fuego, se equivocó.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la Asociación de Periodistas de Madrid, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos y la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información, respondieron críticamente al unísono contra las declaraciones del ministro.

¿De verdad que Catalá pensó que este era el momento idóneo para meterse en el “charco de Gallardón”?

Mi consejo, a Catalá y a los que, como él, tienen responsabilidades mediáticas, es que escuchen a su gente con detenimiento y atención. Se lo van a decir una o dos veces, con tacto. A la tercera, mantendrán silencio, para evitar el enfrentamiento. Pero sabiendo que les puede pasar lo que le ha pasado al ministro.

Que descubrió que los espejismos son eso, espejismos.

Y que detrás suele haber un “charco de Gallardón”, compuesto del chapapote más desagradable y pegajoso, del que es muy difícil limpiarse.

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