El vicepresidente del Tribunal Supremo (TS), Ángel Juanes, ha presidido este jueves, la Comisión Permanente, el máximo órgano del Consejo General Judicial (CGPJ) entre Plenos. Su presencia y participación siembra serias dudas sobre las decisiones tomadas, entre las que se encuentra la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda y otro de la Sala Tercera, que el Pleno tiene que elegir el próximo día 28.
En ambos casos Juanes emitió su voto. Se trata de la tercera ocasión en que lo hace, pues ya presidió Comisiones Permanentes el 1 de abril y el 11 de junio de 2014, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Sin embargo, en esta ocasión, una de las vocales que componen la Comisión Permanente, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio la presencia de Juanes, sustituyendo al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, que se había desplazado a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Según fuentes bien informadas, Díaz Abad no compartía la interpretación que se había hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), reformada en 2013, para permitir la cuadratura de ese círculo.
El artículo en cuestión -el 591.1- dice que «El Vicepresidente prestará al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial la colaboración necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. A estos efectos, le sustituirá en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo».
Este es la base legal, han confirmado a Confilegal desde el CGPJ.
El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son órganos que no tienen nada que ver, dicen fuentes del Alto Tribunal
Fuentes del Tribunal Supremo, consultadas por este periódico discrepan frontalmente.
Opinan que dicha interpretación supone una anomalía que podría tener graves consecuencias ya que las decisiones adoptadas por sus siete vocales y el vicepresidente del TS podrían estar viciadas de nulidad y ser impugnadas y recurridas por los afectados.
«El Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial son órganos que no tienen nada que ver. El vicepresidente puede sustituir al presidente en todos los escenarios que plantea la LOPJ sólo en el Tribunal Supremo, pero no en el CGPJ. Porque el vicepresidente actúa con competencias delegadas por el presidente y comunicadas a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo», explicaron las mismas fuentes.
AUSENCIA DEL PRESIDENTE
Mientras eso sucedía, el presidente Lesmes estaba en París, evitando así su presencia en una Permanente que tenía que decidir la selección de un íntimo amigo suyo, dentro de la terna de cinco candidatos a ocupar un puesto de magistrado especialista en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: Fernando Román, exnúmero dos -secretario de Estado- de Alberto Ruiz Gallardón en el Ministerio de Justicia, y actualmente magistrado de esa jurisdicción en la Audiencia Nacional (AN).
Fernando Román puso todo su peso político a favor de Lesmes, desde el Ministerio, cuando se estaba dilucidando quién ocuparía la Presidencia del CGPJ y del TS.
Su apoyo fue determinante.
Con Fernando Román han sido nominados Santiago de Andrés Fuentes, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Fernando de Mateo Menéndez, compañero de Román en la AN, al igual que Juan Pedro Quintana, y Rafael Toledano, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Lesmes ha decidido abstenerse en el nombramiento de su amigo, Fernando Román, como magistrado del Tribunal Supremo
Antes de volar a París, Lesmes dejó un escrito -fechado el 8 de enero- dirigido al secretario general del CGPJ, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, haciéndole saber «su decisión de abstenerse en este proceso selectivo por razón de su amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román García«, y citando un artículo, para ello, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Es la primera vez que un miembro del Pleno del CGPJ toma una decisión de ese tipo. No sucedió de la misma manera con los nombramientos que se hicieron en su día de los presidentes de los TSJ de Extremadura, Murcia y Navarra, en este mandato.
PUERTAS GIRATORIAS
Como ya avanzó Confilegal, Lesmes apoya al ciento por ciento el nombramiento de Román, quien, además, cuenta con grandes soportes personales dentro del CGPJ.
No en vano, muchos de los vocales conservadores actuales conocían bien al entonces secretario de Estado de Justicia, que ahora desea formar parte de la Sala del Tribunal Supremo que enjuicia los actos del Gobierno y del propio gobierno de los jueces.
Un caso de «puertas giratorias» en la Administración de Justicia que afecta a la imagen de imparcialidad que debe de tener.
Porque, de obtener el nombramiento, podría verse en la tesitura -si el Partido Popular finalmente puede formar gobierno- de enjuiciar a antiguos compañeros en el Ejecutivo. O a políticos rivales que estuvieron en la oposición.
Las aspiraciones de Román fueron puestas en tela de juicio, no hace mucho, con la sentencia del Tribunal Supremo 4783/2015, de fecha 6 de noviembre, de la que fue ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
De la misma se deduce que el tiempo que pasó el magistrado como jefe del Gabinete Técnico del Alto Tribunal -noviembre de 2004 a diciembre de 2011- y el tiempo en el que ejerció como secretario de Estado -diciembre de 2011 y septiembre de 2014- no puede computarse como «ejercicio de la potestad jurisdiccional en el sentido estricto de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
Román tiene que tener un mínimo de 15 años en la carrera judicial para acceder a ese puesto.
Fernando Román podría no ser magistrado del Tribunal Supremo por no contar con la antigüedad necesaria de 15 años
De aplicarse esa interpretación, Román no cumpliría esos requisitos; su antigüedad sería de poco más de ocho años y medio. No podría, por lo tanto, convertirse en magistrado del Tribunal Supremo.
La decisión de aprobar esa terna ha contado con el voto en contra de la vocal Díaz Abad, que es partidaria de que el Gabinete Técnico «emita un informe sobre si el tiempo que algunos de los candidatos han estado en la situación de servicios especiales o en régimen de comisión de servicios computa como servicios efectivos en el orden contencioso-administrativo».
Para prevenir futuras impugnaciones y hacer las cosas bien.
Los seis vocales restantes –Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Mar Cabrejas– entienden que «todos los candidatos» cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria.
Lesmes, según ha podido saber Confilegal de varias fuentes cercanas al presidente, tiene previsto abstenerse en la votación del Pleno en la que se votará a su amigo, Fernando Román, aunque eso no es óbice para hacer saber a todos los que tienen voto que es su candidato.
En la misma reunión se conformó, asimismo, la terna para el otro puesto, el de magistrado especialista para la Sala Segunda, con los siguientes nombres: Enrique López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Pablo Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Leopoldo Puente, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, José Jaime Tapia, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava y Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN.
También, al parecer, se conformaron las ternas de los candidatos para las Presidencias de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, quedando excluido de la de Castilla-La Mancha el magistrado Fernando Presencia. Este último dato, sin embargo, no ha podido ser confirmado oficialmente por el CGPJ al cierre de esta información.
