La Fiscalía ha pedido 174 años de cárcel para el funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social en Barcelona José Alfonso G. por presuntamente vender datos privados a cambio de una contraprestación económica.
En su escrito de acusación, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto pide también una condena de 187 años de cárcel para un jubilado que ejercía de intermediario en la compraventa de los datos personales, por los que supuestamente se pagaban entre 50 y 100 euros.
Además, solicita cinco años y medio para el funcionario del Catastro de Barcelona Marc D., quien según la Fiscalía también entregaba al intermediario datos a cambio de una contraprestación económica.
Los dos funcionarios, el intermediario y una detective que supuestamente adquiría los historiales, personalmente o a través de su despacho, permanecen imputados en una de las piezas derivadas de «Pitiusa«, la operación policial que en 2012 desmanteló una red dedicada a la compraventa de datos personales en toda España.
La fiscal anticorrupción Teresa Duerto sostiene que José Alfonso G. se encargaba de realizar consultas ilícitas en las bases de datos sobre la vida laboral o situación de afiliación a la Seguridad Social de determinadas personas, por encargo de Tomás R. como intermediario, y luego los datos eran vendidos supuestamente a detectives privados.
Tomás R. también encargaba a Marc D. extraer datos del Servicio de Catastro de Barcelona a cambio de una contraprestación económica.
Según El Periódico «los precios que se cobraban eran de 150 euros por persona y 300 por empresas en el caso de datos de la Seguridad Social. Al funcionario imputado se le llegaban unos 50 euros por búsqueda. En el caso del Catastro, se pagaba de 70 a 100 euros por búsqueda (no se ha podido determinar qué cantidad iba al funcionario). El precio por la obtención de datos médicos era de 300 euros por persona».
En su escrito, la fiscal pide una condena de 68 años de cárcel para Sara D., la detective que supuestamente compraba los datos reservados, que después transmitía a terceras personas con las que mantenía una relación profesional.
En concreto, la fiscal acusa a José Alfonso G. de 43 delitos contra la intimidad en su modalidad de revelación de secretos y de uno de cohecho continuado; de todas formas, su tiempo en prisión, al igual que el del resto de acusados, no podría exceder el límite que establece el Código Penal. (CONFILEGAL/EP)
