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En apoyo del letrado del turno de oficio Juan Antonio Gragera

| | Actualizado: 18/02/2016 10:51

He escuchado hoy un clamor desde todos los rincones de España, o tal vez he querido escucharlo, ante la noticia difundida hoy en diferentes medios de comunicación. He escuchado hoy un grito unánime, o tal vez he querido escucharlo, frente a una monumental injusticia, impropia del siglo XXI y del entorno occidental en el que habitamos.

Un abogado de oficio asume desde hace más de un año la defensa del principal imputado en la trama Gürtel…y a cambio de sus servicios ha recibido del Estado una miserable retribución de 119 €. Nos imaginamos al  compañero luchando heroicamente en la soledad de su despacho contra los miles de folios que sin duda conformarán la causa. Le imaginamos defendiendo con toda dignidad el asunto encomendado de oficio, desvelado muchas noches y dedicado cientos de horas, en detrimento de sus asuntos y clientes particulares, a estudiar la mejor estrategia posible, hurgando entre los preceptos del Código Penal, investigando la jurisprudencia aplicable para encontrar la fórmula que mejor ampare a su defendido, del mismo modo que un médico busca la mejor solución para salvar la vida del enfermo que le ha tocado en gracia durante una urgencia, aun cuando ese enfermo sea alguien que acaba de cometer el más horrendo de los crímenes.

Hago a propósito ésta comparación, anticipándome a la habitual pregunta de muchos ciudadanos que no entienden bien de qué va esto: Todo enfermo, sea quien sea el dueño del cuerpo en el que habita, tiene derecho a que un doctor lo más preparado y formado posible, y con los mejores medios técnicos posibles, intente salvar su vida y restaurar su salud.

Todo ciudadano, del mismo modo, tiene derecho a una defensa digna y de calidad, sea quien sea el investigado, sea cual fuere el delito que se le imputa, y tenga o no tenga medios para costear su defensa. Eso es lo que dice la Constitución Española, y eso es lo que dicen las constituciones de todos los Estados democráticos occidentales, pues el derecho a un juicio justo, y el derecho a la defensa letrada, es  la savia y la columna vertebral de la democracia y el Estado de Derecho: si no hay derecho de defensa, sencillamente no hay democracia. Cuando nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestro ser querido es acusado de algo, queremos la mejor defensa posible, del mismo modo que queremos la mejor atención médica posible para nuestro hijo enfermo. Y nadie está libre de encontrarse en alguna ocasión frente a la justicia, o ante la injusticia, aunque tendamos a verlo como algo lejano “ que nunca nos va a tocar”.

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Sin embargo, el edificio sobre el que se asienta nuestro sistema democrático se tambalea porque  uno de sus pilares  viene siendo sistemáticamente golpeado, tal vez con la finalidad de que se resquebraje y ceda, o tal vez a consecuencia de una  secular sordera e indiferencia a las reiteradas llamadas de auxilio de los operadores jurídicos: alguien no ha querido entender  todavía que no es justo ni es ético, porque vulnera el derecho de todo ciudadano al justo equilibrio de las contraprestaciones, que al abogado de oficio, a quien se le exige el máximo celo, preparación, diligencia y profesionalidad en la defensa del asunto encomendado, se le desprecie y maltrate institucionalmente hasta el extremo de abonarle ese ingente trabajo con la mísera “indemnización” , que más bien nosotros llamamos mísera limosna.

De no ser por actitudes heroicas como la del compañero Juan Antonio, o las de tantos otros cada día, muchos ciudadanos estarían indefensos frente al todopoderoso Estado, al todopoderoso Banco, o a la todopoderosa multinacional. ¿Tal vez por eso a las Administraciones Públicas no les interesa dignificar de una vez el Turno de Oficio? Los ciudadanos deben saber que, al menos desde la Constitución de 1978, tienen derecho a una defensa de calidad, y no a una defensa de caridad, igual que tienen derecho a la sanidad, y no a que un médico caritativo les atienda por compasión.

Como tal derecho, tienen la facultad de exigirlo. El abogado de oficio no, pues tiene vedado el derecho de huelga, del mismo modo que los Colegios profesionales tienen incautado buena parte del material defensivo y disuasorio con el que podrían defender a sus letrados, pues el legislador ya se ha ocupado de garantizar el servicio de justicia gratuita a toda costa, incluso aun cuando la administración incumpla su deber de dotar económicamente ese servicio de forma suficiente, de tal manera que su desatención podría dar lugar incluso a imputaciones penales, lo que priva a éste sector de la ciudadanía de una importante herramienta de presión, que todos los demás sí tienen, y de eso se aprovechan los poderes públicos para seguir abusando de la voluntad de servicio y  vocación por la defensa de un puñado de valiosos y cualificados letrados, que desde todos los rincones de España claman hoy, como desde hace décadas, para que se haga justicia y se dignifique de una vez por todas ésta bella y noble función.

Señores legisladores: No hay ningún otro colectivo en España más maltratado que el de los abogados y procuradores de oficio. Ya es hora de que lo solucionen.

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