Jordi Pujol y su mujer declararán el miércoles en la Audiencia Nacional acusados de blanqueo

La jueza que investiga la fortuna de los Pujol declara «compleja» la causa

3 / 03 / 2016 13:12

Actualizado el 03 / 03 / 2016 13:15

La juez de Barcelona que investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a varios miembros de su familia por la fortuna que durante años ocultaron en Andorra ha declarado la causa compleja, por lo que la instrucción se podría alargar un máximo de tres años, a contar desde diciembre de 2015.
A través de un auto, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, acepta la petición que le planteó el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, que solicitaba como establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, y por tanto pueda prolongarse durante un máximo de 3 años, en dos periodos de 18 meses, que empezarían a contar desde diciembre de 2015, cuando entró en vigor la modificación legislativa.

A esta petición no se opuso ninguna de las partes, ante la necesidad de practicar «numerosas diligencias de investigación que necesariamente van a dilatarse en el tiempo».

La juez Balfagón, que abrió la causa en julio de 2014 tras la confesión de Jordi Pujol de que durante décadas su familia mantuvo oculta una fortuna en el extranjero, está pendiente de que la Audiencia de Barcelona determine si debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde el expresidente catalán ya compareció como investigado el pasado 10 de febrero.

En su escrito, la magistrada argumenta que en la causa que se sigue en Barcelona aún está pendiente de recibir la información sobre las cuentas de los Pujol solicitadas a las autoridades andorranas a través de una comisión rogatoria en diciembre de 2014 y que además constan numerosos informes periciales que comportarán que se tenga que examinar «abundante documentación».

La decisión de la juez comporta que la instrucción se pueda prolongar inicialmente durante 18 meses, a los que se podría aplicar una nueva prórroga de un año y medio, a contar desde el 6 de diciembre de 2015, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitó los períodos de investigación.

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