El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 17 de Barcelona ha confirmado un auto por el que se condena a la Generalitat de Cataluña a devolver la paga extra íntegra de 2012 a un funcionario de justicia representado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
La Generalitat, que acaba de hacer efectivo el pago, «se ha visto obligada a aceptar la nulidad de un acuerdo de Gobierno de la Generalitat 33/2015 que, por medio de una artimaña legal, reducía en un 5 por ciento las retribuciones con el fin de evitar abonar la paga extra reconocida por sentencia», según el CSIF.
En diciembre del año pasado, este mismo juzgado de Barcelona, dirigido por el magistrado Federico Vidal, resolvió que este acuerdo de Gobierno es un fraude de ley y dictaminó su nulidad de pleno derecho, con la consecuente condena al pago íntegro de la extra más los intereses legales.
El auto, dictado el pasado 4 de marzo, afecta especialmente a los funcionarios de Justicia en Cataluña ya que es el único colectivo que tiene reconocida por sentencia la devolución de la totalidad de la paga extra más los intereses legales. Más de 5.000 funcionarios de justicia en Cataluña interpusieron un incidente de extensión de efectos a dicha sentencia. Dicho incidente actualmente está suspendido a la espera de que se resuelva el Recurso de Casación por Interés de Ley interpuesto por la Generalitat ante el Tribunal Supremo.
Respecto al resto de funcionarios de la Generalitat también tiene su importancia ya que el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat 33/2015 limitó asimismo la devolución del primer 25% de la paga extra del 2012 que reconoció el Gobierno Central.
Desde CSIF entienden que «este hecho supone un gran paso en la recuperación total de la paga extra del año 2012 ilegalmente suprimida para los funcionarios de justicia en Cataluña y en menor medida para el resto de los empleados públicos de la Generalitat».
Y aseguran que «si la Generalitat no paga de manera voluntaria se podrían ver obligados, una vez resuelto el recurso de casación, a devolver a los funcionarios de justicia en Cataluña además de la cantidad correspondiente a la paga extra del año 2012 los intereses legales, lo que supondría para las maltrechas arcas públicas de la Generalitat de Catalunya un incremento de gasto de más de un 10%. Esto se le ha recordado por activa y pasiva en las distintas reuniones mantenidas».
