Rosell gana tiempo para evitar ser llamada a declarar como investigada antes de las elecciones

Esta circunstancia obligaría a la magistrada en servicios especiales a presentar su renuncia al cargo, caso de aplicarse el Código Ético de Podemos, aprobado en la asamblea fundacional de Vistalegre (barrio de Carabanchel, Madrid) en 2014. Un Código Ético que están obligados a suscribir todos y cada uno de sus candidatos y que implica el compromiso de renunciar al puesto en que caso de verse imputado o condenado por determinadas faltas y delitos, entre los que figura la «corrupción».

La querella, admitida a trámite el pasado martes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Victoria Rosell, establece que es «para la investigación de los delitos de retardo malicioso en la administración de Justicia, prevaricación judicial y cohecho”, delitos que podrían ser asimilables a ese concepto amplio de «corrupción» de que habla el mencionado Código Ético.

La decisión final queda al arbitrio de Podemos y de su líder, Pablo Iglesias, que ya ha declarado que volverá a apoyarla para que repita como cabeza de lista de su formación por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

Para entonces, la diputada Rosell espera que en el TSJ de Canarias se haya «desmontado la mentira» que atribuye al exministro de Industria, José Manuel Soria, quien presentó la querella contra ella que le ha puesto contra estas cuerdas.

Según han informado Europa Press fuentes del entorno de la diputada, tras su decisión de renunciar a ser miembro sustituto de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, espera que el Tribunal Supremo actúe con rapidez para que el TSJC asuma la competencia en esta investigación a la mayor brevedad posible.

Esto no sucederá hasta antes de finales de mayo, como muy pronto, según las previsiones más «ultra» optimistas. La publicación de las candidaturas se realizará el 31 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, y es muy improbable que el TSJC, si Rosell repitiera como candidata, eche a andar una investigación en pleno periodo preelectoral o electoral, convirtiéndose en un escenario de lucha política.

La Sala de lo Penal tiene que remitir la documentación a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que preside Antonio Doreste, la cual, a su vez, tiene que nombrar un instructor y dar traslado al Ministerio Fiscal, y todo eso lleva unos plazos.

La diputada de Podemos, según su gente, tiene previsto presentar ante el TSJC -para ser más precisos, ante el magistrado instructor del caso cuando lo haya- un escrito con pruebas que refutan el informe que el magistrado Salvador Alba envió al Tribunal Supremo y que ha sido la base para la admisión a trámite de la querella.

Alba, destinado en la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria el 30 de octubre de 2015 por un periodo de seis meses, que llega ahora a su fin.

Desde que asumió esa responsabilidad, reactivó la instrucción contra el empresario, propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, investigado por delitos económicos, de la que era competente el Juzgado de Instrucción de Rosell, al que le impuso una fianza de 35 millones de euros el pasado mes de diciembre. Una instrucción que había estado prácticamente paralizada durante 16 meses.

Ramírez y la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, de acuerdo con el informe enviado al Supremo, tienen, al parecer, intereses económicos comunes, por lo que la magistrada debería haberse inhibido de instruir el caso. Esa es, en esencia, la razón de porqué la Sala Segunda admitió a trámite la querella de Soria: determinar si fue así o no.

De acuerdo con las mencionadas fuentes, el informe carece de rigor, al ser claramente valorativo y tener la intención de perjudicar a la portavoz de Justicia de Podemos. CONFILEGAL/EP.