La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos afirmó ayer que, según los listados oficiales de enterramientos en el Valle, los restos mortales de Manuel Lapeña Altabás y Ramiro Lapeña Altabás, no reposan «en dicho lugar». «Es indemostrable», señalaron, «más bien todo lo contrario».
«Ni en los listados oficiales de enterramientos del lugar, y ni tan siquiera en el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia, aparece referencia alguna al enterramiento de estas dos personas en el Valle de los Caídos», añadieron.
Para reforzar su tesis, aludieron al informe forense del Ministerio de Justicia de fecha 15 de febrero de 2011, firmado por el prestigioso forense Andrés Bedate Gutiérrez, en el que se se advierte de la «complejidad» de la identificación y del «elevado riesgo técnico para la extracción de los columbarios».
«La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas», se añade en el citado informe.
La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos anunció ayer que se opondrá a dicha extracción y que emprenderá las acciones legales oportunas, incluyendo la vía penal, contra los que vulneren los derechos de las familias de los 40.000 caídos de ambos bandos que allí reposan.
Esa fue su repuesta a la decisión de José Manuel Delgado Seoane, titular del Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, a la autorización -por vía civil- para que sean exhumados los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil que allí reposan con el fin de que sean entregados a su nieta, reconociendo así su derecho a una «digna sepultura».
Es la primera que esto sucede en la historia del Valle de los Caídos.
En su auto, el juez Delgado Seoane admitió la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que «el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció».
Tras esta decisión judicial, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos advirtió a Patrimonio Nacional de que se abstenga «de tocar y manipular los restos mortales de cualquier persona inhumada en los osarios de la Basílica».
Y en el supuesto caso de que así lo haga, avisó que, previamente, lo notifique «a todas las familias del resto de los enterrados en el lugar», ya que de otra manera se produciría una absoluta indefensión de los mismos.
En este sentido, la citada asociación advirtió de que, si no se hiciera así, se podría incurrir en un delito de profanación, tipificado en el artículo 526 del vigente Código Penal y se podría generar «un importante conflicto social entre el resto de las familias, que manteniendo los a sus difuntos en el Valle, se niegan a cualquier manipulación con los mismos».
Sobre este punto, recordó que en el informe por el que se acordó la creación de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, el 27 de mayo de 2011, se le exige, «si técnicamente fuera posible», que se evaluen previamente «los problemas legales que se plantearán -derechos de las familias que puedan tener intereses contrapuestos- así como el volumen de recursos personales y materiales precisos».
En la misma línea, recordaron que en este mismo informe se alerta del deterioro de los osarios de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos «por la grave y continuada falta de mantenimiento en el conjunto monumental».
«Patrimonio Nacional en el año 2004, emite un informe, del que se desprende que desde, la finalización del monumento en el año 1959, no ha habido incidencias reseñables, más allá de un movimiento de restos que tiene lugar en 1990 desde el piso primero de la cripta del Santísimo a los pisos de la cripta del Pilar, debido a unas humedades aparecidas en la techumbre de la sacristía», señala.
