La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha decidido enviar a Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias abiertas en relación al caso ‘Ritaleaks‘, que afecta a la exalcaldesa de la ciudad y senadora, Rita Barberá, en relación a presuntas irregularidades en gastos de representación cargados al consistorio entre los años 2011 y 2014, con un total de 466 facturas por valor de 278.000 euros.
Así lo ha dado a conocer el grupo municipal de Compromís en un comunicado, donde indica que la Fiscalía de Valencia ha remitido a uno de los denunciantes, el actual alcalde y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, las diligencias por las cuales entiende que el caso tiene que ser investigado por la Fiscalía del Supremo, atendiendo al aforamiento que tiene Barberá.
Ribó ha exigido en el comunicado al Partido Popular, a sus dirigentes y a la propia Rita Barberá «que salgan a dar la cara y a dar unas explicaciones creíbles por aquello hecho durante su desgobierno». «El PP continúa sin tomar ni una sola medida que aparte de sus siglas la corrupción y el símbolo del malgasto: Mariano Rajoy todavía no ha hecho los deberes ni ha cumplido con su palabra. Esto sólo demuestra la complicidad existente entre Rajoy y Barberá», ha manifestado.
Al respecto, Ribó ha manifestado que prometieron cuando estaban en la oposición «que perseguiríamos a los responsables de la debacle económica y social de los valencianos». «Queremos que devuelvan hasta el último céntimo robado o derrochado. Y este es uno de esos casos», ha dicho.
Según ha añadido el portavoz de Compromís, «en los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba a gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fueran dinero suyo».
El caso Ritaleaks fue denunciado por Compromís a mediados de mayo de 2015, cuando hizo públicas un total de 466 facturas, por un importe total, 278.000 euros que fueron gastados en hoteles, alquileres de coche o comidas y que Compromís considera que pudieron constituir un delito contra la administración pública. (CONFILEGAL/EP)
