Los magistrados de la Audiencia Nacional Ángeles Barreiro y Juan Francisco Martel han admitido a trámite los incidentes de recusación que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó contra el juez José Ricardo de Prada en una causa sobre el PCTV-ANV y otra sobre el asesinato frustrado del exconcejal de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica por decir que en España se ha practicado la tortura de forma «clara».
Barreiro ha dictado una resolución en la que ve «aconsejable» tramitar el incidente de recusación que ha sido presentado por la AVT, al que se ha adherido la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), sin que sea necesario plantear ninguna prueba.
La AVT sospechó de la imparcialidad de De Prada para intervenir en una causa contra miembros de las ilegalizadas PCTV y ANV, por utilizar durante su intervención en un foro jurídico que tuvo lugar en Tolosa, Guipúzcoa, el pasado 14 de abril un lenguaje «similar al usado por los presos, el resto del colectivo de ETA» y sus abogados.
Martel, que ha sido nombrado instructor del incidente de recusación formulado en el caso de Ruiz de Langarica, se ha mostrado también a favor de tramitarlo. La AVT, que ejerce la defensa del exedil, pide apartarlo por «tener interés directo o indirecto en el pleito», causa que se recoge en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las AVT aporta informaciones periodísticas y un disco que recoge la intervención de De Prada en el acto. Por su parte, este se opuso a la recusación por no tener ningún «interés» y aportó un auto en el que se acordaba por mayoría la libertad provisional del acusado Jorge Olaiz y otra sentencia -«sin número»- en la que se acuerda absolverle. Olaiz se opuso a la recusación.
Además, acompañó a sus alegaciones un Informe del Instituto Vasco de Criminología denominado ‘Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960-2010’, fechado en diciembre de 2014; así como las memorias de la Fiscalía correspondientes a los años 2012 y 2013, en las que aparecen los apartados dedicados a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró favorable a tramitar los incidentes de recusación contra De Prada, que en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa afirmó: «La tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho», según la crónica publicada por el diario ‘Gara’ bajo el título «El juez De Prada desnuda a la AN». EP.
